El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, especificó ayer que de las 1.200 subpartidas que serán analizadas por el Consejo Consultivo de esa cartera de Estado, únicamente entre 200 y 400 de ellas serían sujetas de gravamen arancelario.

Y aclaró que esas partidas corresponderían a bienes de consumo, y no materias primas o bienes de capital. “Aquellas que no afecten a la economía popular y solidaria; además que tengan techo disponible para llegar al consolidado de la OMC (Organización Mundial del Comercio)...”, sostuvo Campana.

En una visita a industrias ecuatorianas, ubicadas en la vía Durán-Tambo, en Guayas, el ministro indicó que se respetarán los acuerdos con la OMC, la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea y que el único objetivo de la posible medida económica “es fomentar la producción local, la exportación, el consumo de lo nuestro y proteger la dolarización...”.

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Aseguró que el porcentaje de incremento en las subpartidas no superaría el 5%. “Definitivamente no va a impactar a la economía, si es que hay algún producto, algún bien de consumo que hoy por hoy paga el 10 %, seguramente mañana pagará el 15 % de aranceles...”.

La medida no restará competitividad, indicó Campana.

Sin embargo, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), sostiene que el ministro está mal asesorado y el principal afectado será el consumidor. “Hemos tenido dos años de salvaguardias, y parece que no entendemos la lección, no va por ahí la política de Comercio Exterior...”, dijo.

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Aspiazu indicó que sin conocer los productos que serían gravados, “ya sabemos que todo los que son bienes de consumo en este país son carísimos...”.

Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, concuerda con Aspiazu y señala que el problema de fondo es que “esto encarece la vida de los ecuatorianos, porque finalmente el precio de esos productos que los ecuatorianos sí quieren, van a resultar más caros”. (I)