La existencia de la deuda de salud que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por $ 2.527 millones se puso en duda nuevamente, ayer, por parte del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Esto, 24 horas después de que la Contraloría certificara públicamente, a través de un informe inapelable, que dicha obligación sí existe y que no fue legal eliminarla de los Estados Financieros del IESS, en septiembre del 2016.

A la salida de una reunión en Carondelet, el ministro aseguró sobre el pago: “Esto tendría que determinarse, inclusive estaría por analizarse si efectivamente existe o no esa deuda”.

También refirió que el problema que ha existido desde antes era justamente la determinación de los montos. Aseguró que se está hablando de una cifra cercana a los $ 3.000 millones, una cantidad “muy importante” para la economía ecuatoriana.

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Según la Constitución y la Ley de Seguridad Social, el Estado debe cancelar los costos de las atenciones médicas de jubilados, jefas de hogar e incluso personas con enfermedades catastróficas. Pero desde el 2001 ningún Gobierno la pagó.

En el de Rafael Correa se reconoció la deuda a través de convenios de pago; pero en el 2015 tanto él como el presidente del Consejo directivo del IESS, Richard Espinosa, anunciaron que tras diversos análisis encontraron que la deuda no existía. El desconocimiento se concretó a través de un movimiento contable en el que se hicieron desaparecer del Estado Financiero $ 2.527 millones.

Ayer, Omar Serrano, exmiembro del Directorio del Biess, calificó como positivo el informe de la Contraloría y consideró que el Gobierno debe establecer el pago, que podría ser a través de bonos.

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Por su parte, Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social de la Superintendencia de Bancos, coincidió en que se trató de un pronunciamiento adecuado. Explicó que ahora ese informe deberá ser analizado para establecer si hubo responsabilidades administrativas o civiles por parte de las autoridades del IESS y de Finanzas.

Es que en el informe se establece que Richard Espinosa y la directora general del IESS, Geovanna León, inobservaron varios artículos de la Ley de Seguridad Social. También indicó que Espinosa y el representante de los asegurados no se pronunciaron en defensa de la institución cuando conocieron el informe de una comisión interinstitucional que decía que no existía dicha deuda.

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Por otro lado, para Corral, se podría aplicar el artículo 101 de la Ley de Seguridad Social que sanciona a funcionarios que han actuado no apegados a la normativa, incluso con remoción del cargo.

Entre tanto, el Frente Unitario de Trabajadores se prepara para pedir la destitución de las autoridades del IESS por su actuación frente a la deuda. Así lo anunciará hoy a través de una rueda de prensa. (I)