Una mayoría de seis asambleístas de Alianza PAIS (AP) en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea volvió a incluir este miércoles el tercer libro del proyecto de Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana que crea el Servicio de Protección Pública (SPP), el cual había sido excluido la semana pasada por el mismo oficialismo.

Eduardo Zambrano (AP) pidió la reconsideración de la votación de la semana pasada que excluyó este libro del proyecto, previo a la elaboración del informe para segundo debate y tuvo el apoyo de María Augusta Calle, Dora Aguirre, Rocío Valarezo, Irma Gómez y Soledad Vela. Los mismos luego votaron por incluir el libro para el debate. Votaron en contra la oposición y Verónica Rodríguez de AP. Seis votos frente a cinco, respectivamente.

Los asambleístas de oposición Diego Salgado y Raúl Auquilla de CREO, Milton Gualán y Fernando Bustamante (ex AP) y varias personas que asistieron a la Comisión criticaron el hecho y calificaron al servicio como una entidad civil armada y una falta de respeto a la Policía y Fuerzas Armadas, únicas entidades, según la Constitución, autorizadas al resguardo y la seguridad.

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Calle explicó que no estaba de acuerdo con la creación de un cuerpo civil armado, pero votó por la reconsideración porque "se ha trabajado en un texto alternativo bastante mejorado", que este Servicio podría "coordinar", que no tiene nada que ver con "bandas armadas", que existe en otros países y que, de acuerdo a los informes del Ministerio de Finanzas, recién se podría implementar en diez años y dependerá de la voluntad política de quien asuma en ese momento la Presidencia.

En tanto, un grupo de manifestantes que fue impedido de pasar, pese a la lluvia, gritaba en contra del proyecto al exterior de la Asamblea.

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Seguridad de autoridades

En el informe para primer debate del proyecto, el SPP es definido como "una entidad pública, especializada, jerarquizada, civil, armada" y dependiente del Ministerio del Interior, un servicio público dirigido a prevenir y neutralizar cualquier acción que pretenda atentar contra la integridad de las personas que " prestan un servicio relevante para el país": presidente y vicepresidente de la República, principales autoridades de las funciones del Estado, cuerpo diplomático y servidores públicos "definidos en el Reglamento (de la ley)".

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Este proyecto es tramitado desde septiembre del 2011 en la Asamblea y, en las últimas semanas, la Comisión de Relaciones Internacionales ha avanzado con el trámite previo a la aprobación del informe para segundo debate que, según Dora Aguirre (AP), vicepresidenta del organismo, estaba previsto que se vote esta misma tarde.

En la mañana, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP) sostuvo que esperan que en estos días la Comisión pueda aprobar el informe para segundo debate. "Sé que la Comisión ha culminado con la revisión total del articulado, esperemos tener ya el informe para segundo debate", agregó.

En tanto, Salgado (CREO), en declaraciones públicas y a través de su cuenta de Twitter manifestó que se está creando una "nueva fuerza armada" y se pretende continuar el trámite de la ley sin quórum. (I)