Millonarias pérdidas habría registrado el país a causa de una supuesta “ineficiencia en la gestión y casos de corrupción” en los principales proyectos hidrocarburíferos de los últimos años. Esa es la principal tesis del libro El feriado petrolero, que el activista Fernando Villavicencio escribió desde la clandestinidad (por tener orden de prisión preventiva) y que será presentado el miércoles próximo.

En el libro se establecen 27 casos en los cuales habría existido perjuicio económico para el Estado, entre ellos, las pérdidas por renegociación de los contratos de participación y prestación de servicios con tarifas fijas ($ 3.000 millones); intermediación del petróleo entregado a China y Tailandia ($ 2.400 millones), incremento de $ 3 de los costos de producción en campos de Petroamazonas y Petroproducción ($ 4.000 millones), así como los ya conocidos de las Refinerías del Pacífico y de Esmeraldas.

Villavicencio explica que el libro “corre los velos de la trama petrolera que se ha tejido” en torno a contratos con China y Tailandia y que constan en informes de la Contraloría, unos públicos y otros reservados.

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Una buena parte del texto se lo dedica a la intermediación de crudo en operaciones que se hicieron con Unipec y Petrotailandia. En estas, Ecuador habría perdido unos $ 2 por barril al haberse establecido una fórmula del diferencial que sería perjudicial para el país.

El libro relata que el estudio Arthur D’Little, contratado por Marco Calvopiña (ahora detenido) y Nilsen Arias, gerente de Comercio Exterior de EP Petroecuador, certificó que la fórmula incluía un costo de transporte por barril de $ 3.

Ese es el costo cuando se transporta en buques Panamax; pero el 70% del petróleo ecuatoriano se lleva en otro tipo de barcos en los cuales el costo del transporte es menor a $ 1. Por lo tanto, los $ 2 extras irían en beneficio de los intermediarios. Entre ellos se contarían las empresas Taurus y Gunvor relacionadas con el empresario Enrique Cadena, se indica.

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Según el libro, los estudios Arthur D’Little y Hogan & Lovells, consultoras del Gobierno, avalaron las fórmulas de pago de los contratos con China.

A lo largo del libro aparece el nombre del bufete de abogados Hogan & Lovells de Miami (relacionado con Hogan & Hartson), que ha asesorado y negociado algunos de los más importantes contratos del sector estratégico. Entre ellos, indica la publicación, los créditos y preventas petroleras con China y la colocación de bonos en el mercado internacional.

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En el libro, Villavicencio destaca la supuesta relación de este estudio con Bayardo Poveda, primo del exministro Rafael Poveda y su sociedad con Jorge Cevallos, socio principal de Lexim Abogados, un estudio al que también pertenece Rodrigo Borja Calisto, hijo del expresidente Rodrigo Borja.

Sobre Arias, el libro también menciona cómo en la adjudicación de un contrato a la empresa mexicana PMI para la compra de diésel premium del 2011, la Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal; sin embargo, la Fiscalía archivó el proceso. Ahora, indica, existe un nuevo informe de Contraloría, de diciembre pasado, en contra de Arias; pero Villavicencio desconoce acciones por parte de la Fiscalía.

Villavicencio comenta que este tiempo en la clandestinidad le sirvió para compilar información de sus investigaciones pasadas en el portal Focus y escribir nuevas, que se publicarán en el libro. A la vez fue una manera de superar la presión a la que ha estado sometido por la persecución, asegura.

Tras las denuncias de Focus y de las revelaciones de los Panama Papers hechas públicas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en una iniciativa en la que participó Diario EL UNIVERSO, la Fiscalía inició 25 investigaciones por peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. (I)

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Caso
Jurídico

Proceso
El autor del libro, Fernando Villavicencio, se encuentra acusado de atentado en contra de la intimidad personal y familiar de altos funcionarios del actual Gobierno.

Denuncia
La esposa de Villavicencio, Verónica Saráuz, denunció el viernes en la Fiscalía supuestas amenazas de muerte y acoso a su familia.