Universidad Andina plantea inconstitucionalidad de reformas a la LOES

Autoridades de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) presentaron este miércoles en la Corte Constitucional (CC) una demanda de inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Educación Superior (LOES) tras la vigencia de la normativa, desde el pasado 30 de diciembre.

Previamente se realizó una marcha denominada de "dignidad" que recorrió varias calles del norte de Quito, en la que participaron docentes, estudiantes y trabajadores así como profesores de otras universidades como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), alumnos de otros establecimientos, como la Universidad de Guayaquil y miembros de la organización Acción Ecológica.

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La caminata estuvo acompañada de música, pancartas que decían "No politización de becas" y gritos exigiendo respeto a la autonomía universitaria. Hubo personas que vistieron camisetas blancas con la frase Soy Andina.

Al llegar a la CC, escoltados por miembros de la Policía Nacional, fueron recibidos por integrantes de organizaciones sociales como la Ecuarunari, quienes gritaron consignas en contra del presidente de la República Rafael Correa. Hubo personal antimontines en los bajos de la institución para evitar desmanes que finalmente no se produjeron.

Luego dejaron la documentación en la CC y el rector de la Andina, Jaime Breilh, con un micrófono se dirigió a quienes estuvieron en la marcha.

Aseguró que la Andina ha sufrido "un proceso persecutorio" que termina con la aprobación de las reformas a la Educación Superior que iniciaron hace un año.

"Estaremos dispuestos al diálogo, al diálogo respetuoso con la autoridad nacional, pero ese diálogo no puede darse mientras esté presente este dogal, de estas disposiciones inconstitucionales (...) centralizan las decisiones sobre becas, sobre asignaciones de investigación, rompen el principio de certeza para poder operar con un fondo seguro... ", indicó Breilh.

La normativa incluye algunas disposiciones dirigidas para las sedes de universidades internacionales, como por ejemplo que no podrán mantener activos en el exterior de manera directa o indirecta o se establece que los recursos correspondientes al valor de las becas totales y parciales serán adjudicadas por el Gobierno.

El cuerpo legal sostiene además que en el plazo de 90 días las instituciones de educación superior que operan bajo acuerdos y convenios internacionales repatriarán los activos en el exterior.

Breilh indicó que el Gobierno les adeuda 10 millones de dólares desde junio del año pasado.

El trámite en la CC incluye la calificación de la demanda, un pronunciamiento de la Asamblea y de la presidencia de la República, por ser las entidades que aprobaron la normativa.

Según Álvaro Mejìa, procurador de la Universidad Andina, el plazo para que la Corte se pronuncie es relativo debido a la cantidad de trámites que tiene represados. (I)

(fotos: Estuardo Vera, EL UNIVERSO)