La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio un plazo de 15 días al Estado ecuatoriano para que informe sobre el trámite que dio a la solicitud de medidas cautelares que realizó el activista Fernando Villavicencio y su familia.

Según la documentación, el Estado deberá explicar sobre la naturaleza del proceso penal contra Villavicencio y si este se dio como consecuencia de la divulgación de información considerada confidencial o como consecuencia de la obtención de la información de manera presuntamente ilegal.

Asimismo, el Gobierno deberá entregar las pruebas correspondientes que causaron que el juez dicte orden de captura en su contra.

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Villavicencio enfrenta un proceso penal por supuesto hackeo de correos electrónicos de funcionarios del Gobierno y por haber difundido esa información considerada sensible.

Verónica Saráuz, esposa del activista, reveló que este permanece en la clandestinidad desde el 21 de diciembre pasado, cuando la sala del Tribunal Contencioso Tributario revocó el habeas corpus que le habían concedido por pedido del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Las fiestas de Navidad y fin de año las pasó fuera de casa, anotó Saráuz, quien espera una respuesta del Estado. (I)