La extinta Fundación Pachamama retomó sus actividades en Ecuador, pero con otro nombre y con “un bajo perfil”.

Esta ONG, dedicada a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, fue clausurada por el Ministerio del Ambiente en diciembre del 2013. Pero cuatro meses después se reactivó con el nombre de Terra Mater y con financiamiento de la organización internacional Pachamama Alliance.

El último trabajo a favor de las organizaciones indígenas elaborado por la nueva ONG es el estudio ‘El derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas del Ecuador’, entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en agosto pasado, para que ‘recomiende’ al Estado adecuar la normativa interna “para respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación” de estas comunidades.

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Belén Páez, quien fue directora de Pachamama y ahora representa a Terra Mater, indica que después de la acción gubernamental prefirieron no tener exposición mediática.

“Siempre hay una suerte de monitoreo, menor que en el tiempo de Pachamama, pero hay mecanismos de investigación a través de las redes sociales, y por eso hemos tratado de mantener un bajo perfil”, dice.

Esta agrupación mantiene su defensa al medio ambiente frente a los proyectos de explotación de recursos naturales, pero la ha ampliado a temas de libertad de asociación. En el último año, refiere Páez, “nos especializamos en dar seguimiento a los casos de disolución de organizaciones” impulsados por el Gobierno.

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Uno de esos casos es el que inició el régimen, hace dos semanas, para disolver la ONG Acción Ecológica, también dedicada a la defensa de los derechos humanos de colectivos indígenas y de la naturaleza.

El Ministerio del Interior pidió al del Ambiente que lo hiciera porque Acción Ecológica habría incurrido en presuntos “actos violentos” al alertar sobre impactos de proyectos mineros en la Amazonía.

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Esto, en medio de los enfrentamientos entre una comunidad shuar en Morona Santiago y la fuerza pública por impedir los trabajos de minería de la empresa china EXSA.

En las redes sociales se emprendió la campaña #SOSAcciónEcológica para alertar de su posible cierre. Los miembros de Terra Mater se unieron.

Según Páez, la relación que construyen las ONG con actores sociales “es vista por el Gobierno como una amenaza”.

El pasado viernes, cinco relatores de las Naciones Unidas relacionados con derechos humanos, de pueblos indígenas, libertad de expresión y asociación rechazaron el cierre de Acción Ecológica.

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Al día siguiente, Cancillería emitió un boletín en el que calificó ese pronunciamiento como ‘tendencioso’. (I)