Parecía imposible. El Parlamento Europeo dio visto bueno esta semana a la incorporación de Ecuador al Acuerdo Comercial, que la Unión Europea (UE) celebró en el 2012 con Colombia y Perú. Corríamos el riesgo de perder el acceso preferencial a ese mercado comunitario, si no se aprobaba la incorporación, y nuestras exportaciones hubieran sido gravadas con fuertes aranceles a partir del 2017.
Finalmente funcionaron cientos de voluntades, del sector público y del sector privado. De Europa y de acá –más de allá–. Funcionó cuando empezaron a “remar” en una dirección, a la par de la colaboración internacional, gestionada apropiadamente, con sobriedad y eficiencia.
Según EL UNIVERSO, el responsable de abogar en el Parlamento Europeo por la aprobación, Helmut Scholz, explicó a sus colegas eurodiputados que el acuerdo es crucial para nuestra economía y para el impulso de “políticas sociales y medioambientales más progresistas”. Resaltándose su advertencia de que se vigilará el impacto que tenga el Tratado sobre la gente de nuestro país y que se reclamarán cambios en caso necesario. Esto implica que las autoridades del Estado ecuatoriano también deben respetar la Cláusula Democrática del Acuerdo.
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El Acuerdo Comercial tiene objetivos generales: mejorar el comercio entre las dos regiones; el acceso a los servicios y a la contratación pública; reducir las barreras técnicas al comercio; desarrollar y modernizar las economías de los países andinos involucrados; atraerles inversiones; y, ayudar a sus empresas a competir internacionalmente.
Los objetivos específicos prevén: un plazo (17 años) para suprimir impuestos arancelarios en los estados suscriptores, aunque la UE liberaría de inmediato, de entrado en vigor el Acuerdo, al 95% de los ítems ecuatorianos. Ecuador por su lado debe eliminar los gravámenes al 60% de los productos importados. Otros productos se beneficiarán gradualmente del acceso gratuito, y solo un número de productos muy pequeño lo hará hasta 17 años más tarde. El ahorro anual, por los aranceles que no pagarán las exportaciones ecuatorianas, será de 250 millones de euros aproximadamente.
Algunos productos agrícolas considerados “sensibles” se han excluido del libre acceso, o solo tendrán un acceso limitado. En lo que respecta a la exportación del banano ecuatoriano –sujeta a una cuota del 26% del mercado–, estará gravada con una tarifa preferencial de impuesto para proteger al banano de los productores europeos (Bélgica, Alemania, Países Bajos, desde sus posesiones de ultramar y España en las Islas Canarias). La suspensión de la preferencia operará a partir de un determinado volumen de exportaciones, que será regulado en un futuro texto legislativo.
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Un estudio de la Comisión Europea afirma que el comentado Acuerdo conducirá a aumentos significativos del comercio. Las exportaciones de la UE a Ecuador aumentarán en el 42% y las de Ecuador a la UE en el 30% (si se compara la situación de Ecuador fuera del Acuerdo y sin preferencias arancelarias para sus productos). El estudio estima que las exportaciones de productos agrícolas y de comida de Ecuador experimentarán un fuerte aumento y un precio más alto.
La realidad del mercado y políticas de Colombia y Perú nos vincula y obliga a tomar medidas similares que favorezcan la inversión y la competitividad, con disminución o eliminación de tributos y revisión de leyes laborales. De lo contrario, lo logrado será ilusión.(O)
