Diferentes gremios inmersos en la construcción y ventas de viviendas han expuesto en estos días sus argumentos para rechazar la Ley de Plusvalía y señalan como única solución su retiro de la Asamblea.

La Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador (Apive), a través de su representante, Jaime Rumbea, criticó la presentación del proyecto.

Rumbea, vocero de 23 empresas promotoras de vivienda, que representan más del 50 % de las casas que se comercializan anualmente en el sector privado, catalogó el proyecto como antitécnico e inoportuno. “Fue presentado en un momento en que la economía necesita dinamizarse, necesita movilizar inversión y este proyecto no hace eso, este proyecto distrae capacidades y produce incertidumbre”, expresó.

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Criticó que se haya presentado a las puertas de la campaña electoral y criticó que en el proyecto de ley se incluyan los bienes rurales. Y aunque reconoció que la ley no contempla el pago del impuesto a los proyectos de vivienda del sector inmobiliario, indicó que la ley los afecta porque genera incertidumbre en los clientes.

Al respecto, Marco Armijos, presidente de la empresa inmobiliaria Grupo Mi Casa, miembro de Apive, dijo que el sector inmobiliario y el de bienes raíces se afectarán debido a una contracción del mercado, porque ante la posibilidad de no devengar una ganancia justa los dueños de viviendas preferirán no vender sus propiedades.

Por parte de los constructores, Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, también pidió el archivo del proyecto ayer durante su comparecencia a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, que está encargada de tramitar la ley, enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente.

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Argumentó que la ley paralizará la inversión en el sector, provocará desempleo, causará recesión, incertidumbre tributaria e inseguridad jurídica.

El representante del Colegio de Arquitectos, Alberto Andino, expresó que no es necesaria la ley porque el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, aprobado por el mismo oficialismo, tiene más de veinte instrumentos técnicos de control de la especulación del suelo urbano.

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Señaló que casi todas las viviendas se compran con crédito hipotecario, que cuando se termina de pagar hasta con el 50 % más por los intereses, y eso no es ganancia. Agregó que las ventas del sector habrían disminuido en el 48 %.

El presidente de la Comisión, Richard Calderón, dijo que están abiertos a conversar y que existe la posibilidad de hacer modificaciones. Sin embargo, ningún asambleísta del oficialismo se mostró de acuerdo con la idea del archivo. (I)

Este proyecto de ley afectaría a las personas que con el esfuerzo de toda una vida lograron comprar una casita. No podemos estar de acuerdo y más en estos momentos de crisis económica.Mauricio Rodas, alcalde de Quito