La jueza de Flagrancia Tania Molina ordenó este miércoles prisión preventiva para Rodrigo S. y Martín A., dos de los seis involucrados en el supuesto delito de asociación ilícita que se habría dado en el Ministerio de Finanzas. Contra los otros cuatro procesados se ordenó medidas alternativas como presentarse periódicamente al juzgado.

La Fiscalía investiga una red que habría solicitado dinero a proveedores del Estado a cambio de agilitar pagos a través del Certificado Único de Registro (CUR), emitido por el Ministerio. La denuncia de la presunta existencia de una organización dedicada a la oferta de tráfico de influencias y concusión fue presentada el 15 de abril pasado por el ministro Fausto Herrera.

Seguimientos y progresión de llamadas telefónicas sirvieron para que la Fiscalía realice, la noche del martes, el allanamiento de cinco lugares en los que se levantaron evidencias como cheques, documentos bancarios, depósitos, e incluso CUR en poder de Rodrigo S., auditor del Ministerio quien, según las autoridades, no podía tener acceso a esos certificados.

Una triangulación de llamadas telefónicas había evidenciado la relación entre Martín A. y otra de las procesadas, Romina G. Según la Fiscalía, estas personas mantenían contacto vía celular con Federico C., quien está detenido en la cárcel de Latacunga, pero es procesado por otra causa similar a esta.

La venezolana Daysi R., y las ecuatorianas Luz T. (auxiliar de servicios en el Ministerio), Ivone R. y Romina G. recibieron la orden de presentarse cada ocho días ante el fiscal de la causa y la prohibición de salir del país.

Solo a Ivone R., esposa de Martín A., se le ordenó la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes. En una de sus cuentas existiría un depósito de 2.000 dólares, dinero que habría sido solicitado por su esposo a un proveedor al que le ofrecían una tramitación en el sistema público.

Noventa días durará la instrucción fiscal, la cual acumulará esta investigación en el Ministerio y otra relacionada también con desviación de recursos públicos. (I)