Una posible elevación de tarifas del aseguramiento privado en un 57% está entre los efectos que ven los empresarios de ese sector si entra en vigencia la Ley Orgánica que regula a las Compañías que Financian Servicios de Atención Integral Prepagada y a las de Seguros que Oferten Cobertura de Asistencia Médica, conocida como Ley de Medicina Prepagada.

El veto de la ley, aprobada anoche en el pleno de la Asamblea, establece que las empresas aseguradoras privadas y las de medicina prepagada reembolsen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al Ministerio de Salud las atenciones que se hagan a pacientes que también tengan un seguro privado. El pago debe ser por el monto contratado.

El presidente de la Asociación de Empresas de Medicina Prepagada, Eduardo Izurieta, ha explicado que si las empresas tienen 420.710 afiliados y se les aumenta un gasto prestacional en $ 71,45 millones (por las atenciones al IESS) significa que se deberán pagar $ 14,5 más por persona cada mes. Considerando que el promedio de póliza está en $ 25, el incremento equivaldría al 57%, indicó. Comentó que este es un primer cálculo, pues en este valor solo se ha tomado en cuenta el costo por derivaciones a clínicas privadas. No se ha calculado aún el costo por atenciones en el IESS y dispensarios públicos.

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Los costos de la medicina prepagada varían. Margarita Aguirre tiene un seguro privado por el que paga $ 22 y que le cubre a ella, su esposo e hijos menores de 21 años. Actualmente cuando se hace atender debe pagar una parte del costo de la consulta, pero los exámenes no tienen costo. En su caso el costo de la prima podría subir a $ 34,54 ($ 414,18 al año).

Laura, por su parte, paga ahora $ 42 por el seguro que la cubre a ella y a su hija. Si se le subiera el 57% la cuota mensual sería de $ 65,94 mensuales, esto sería $ 791,28 al año.

Para el sector de la medicina prepagada, a más de la elevación significativa de tarifas, se prevén desafiliaciones masivas de usuarios y el riesgo de perder más de 3.000 plazas de empleo en esas empresas y otras ramas como hospitales, consultorios, laboratorios, farmacias.

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Entre tanto, para la Cámara de Comercio de Guayaquil esos costos deberían ser asumidos por el Instituto de Seguridad Social porque el paciente afiliado de ese IESS sustenta la prestación de los servicios de salud con su aporte individual y patronal.

Un empresario de una importante empresa turística que tenía contratos con Salud S.A., la empresa que ha anunciado la suspensión de contratos corporativos, explicó que actualmente tiene 600 trabajadores afiliados a medicina privada, pero que ha pedido a su corredor de seguros que lo ayude buscando opciones para reemplazar este servicio, que se suspenderá a finales de mes. Sostuvo que la empresa no tiene un mayor presupuesto para cubrir tarifas más altas de pólizas. (I)