La Asamblea Nacional se allanó la noche de este miércoles a las 14 objeciones parciales presidenciales a la Ley de Salud Integral Prepagada.

El debate de los legisladores se centró en la Disposición General Quinta que establece la ampliación del reembolso obligatorio de las aseguradoras privadas propuesto por la presidencia de la República en su objeción y que ha sido criticada por las empresas dedicadas a ese negocio.

William Garzón, asambleísta de Alianza PAIS (AP) y presidente de la Comisión de Salud, instó a sus colegas a no dejarse "amedrentar por parte de las empresas privadas, no van a quebrar, es falso que van a quebrar, probablemente van a ganar un poco menos...".

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Para Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, los servicios de salud que presta el Estado en Ecuador dejarán de ser gratuitos para un segmento de la población. "Los servicios de salud están pagados con nuestros impuestos si son los hospitales del Ministerio de Salud (...). El Estado me está cobrando a mí que soy el afiliado, me está cobrando la prestación vía mi seguro privado de salud", adujo Aguilar.

Según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), citando informes de la Superintendencia de Compañías y del Ministerio de Salud, se demuestra que en el informe actuarial del IESS que atribuía a las empresas de medicina prepagada unas utilidades "seis veces mayores a las reales".

Según la Asamblea en su portal web, la norma prohíbe la disminución, restricción o eliminación de cobertura por razones de la edad. La Asamblea había sugerido que no se discrimine a los ciudadanos mayores de 65 años, pero el Ejecutivo propuso que reemplace por “determinada edad”. Explicó que resulta peligroso fijar una edad específica, ya que las empresas podrían valerse de mecanismos para no cumplir esta disposición. (I)