En recta final el debate de norma para la cultura en Ecuador

La Ley de Cultura debió ser aprobada hace siete años, según el plazo previsto en la Carta Magna. El presidente Rafael Correa ha afirmado que el régimen está en deuda con el sector cultural.Aquí un análisis de 5 temas claves del proyecto que espera convocatoria a votación. Derechos laborales y seguridad social Régimen laboral del sector es aún una tarea pendiente Trabajan en comerciales de televisión o actúan en obras de teatro temporales, pero la realización de estas actividades no implica necesariamente que aporten al sistema de seguridad social. Es una práctica que puede darse también en las otras ramas artísticas, como las artes plásticas, la fotografía, la danza, la música, o cuando los proyectos tienen un tiempo específico de ejecución.La precarización laboral ha acompañado a la actividad artística por más de cinco décadas, dice Héctor Garzón, presidente de la Asociación de Teatreros de la Casa del Teatro. El alcance al informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Cultura, aprobado el 21 de septiembre pasado por la Comisión respectiva de la Asamblea, determina la creación de un régimen que norme las relaciones laborales en el sector cultural, “entre empleadores y trabajadores, profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores y gestores culturales”.Este último deberá realizarse en coordinación entre los ministerios del Trabajo y de Cultura. Y sobre la seguridad social contempla “una modalidad de afiliación para los profesionales de la cultura, el arte y el patrimonio adaptada a las realidades profesionales del sector, que incluya mecanismos de aportación y recaudación flexibles, para el acceso de las prestaciones de la seguridad social”, dice la norma.Garzón califica lo planteado como positivo, pero cuestiona el tiempo que podría pasar hasta que se concreten estos mecanismos de contratación que tomen en cuenta la vigencia de los derechos laborales: “Estamos en una indefensión constante... La Constitución garantiza la afiliación al IESS, el acceso a vivienda..., sin embargo, esa garantía no llega a los estamentos de los artistas que tenemos derechos postergados. La mayor parte de los contratos se hacen a través de servicios prestados”, asegura.Un avance, dice Garzón, es que se visibilice la actividad artística en las cifras económicas oficiales. Se refiere al visualizador de actividades productivas del INEC publicado en septiembre último, el que refleja que en el país había 5.647 empresas dedicadas a la actividad artística en 2014, de las que el 93% (5.291) son microempresas y 277 están en la categoría de pequeñas. Sin embargo, el número de personal ocupado en estas ha bajado al pasar de 21.159 personas en 2012 a 16.535 en 2014.El rubro de personas dedicadas a las artes, entrenamiento y recreación tuvo una tasa bruta de entrada al sistema de seguridad social del 26% en el periodo 2013-2014, según la publicación del INEC.(I). Sistema nacional de cultura La ley crea nuevo instituto para fomento de las artes El proyecto de Ley Orgánica de Cultura plantea la derogación de un acuerdo ministerial, cuatro decretos supremos, cuatro leyes –entre ellas la de la Casa de la Cultura, la de Fomento del Cine y la de financiamiento de las orquestas sinfónicas de Guayaquil y Loja– y tres codificaciones y reglamentos como los vinculados al patrimonio cultural del país.Y establece, además, la creación de tres institutos que serán parte del sistema nacional de cultura. El primero es el de Patrimonio Cultural, al que se le atribuye una nueva potestad, la de precautelar la memoria social. “El régimen de protección del Patrimonio Cultural debe ser adaptado a la enorme diversidad de bienes y expresiones materiales e inmateriales que la constituyen”, dice el último informe aprobado por una mayoría oficialista de la Asamblea el 21 de septiembre pasado. Esto incluye a los museos, archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas, entre otros, que en el marco jurídico planteado se definen como depositarios de la memoria social.El segundo implica el reemplazo del Consejo Nacional de Cinematografía, creado en 2006 por el Instituto del Cine y la Creación Audiovisual, que tendrá como competencia la gestión y fomento del desarrollo de la industria productora de contenidos audiovisuales. El tercero sería el Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad y se ocuparía de “regular todas las disciplinas artísticas, exceptuando el sector cinematográfico y de creación audiovisual”.La norma establece que el Ministerio de Cultura “regulará a las entidades, organismos e instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, en el ámbito de sus competencias.Entre sus atribuciones está la de evaluar el cumplimiento de la política pública para, entre otros fines, “garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales”. Y hasta definirá los criterios para la asignación y distribución de los recursos que se destinarán a las entidades del sistema nacional de cultura.Incluso, el Ministerio de Cultura manejará el Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que tendrá varias vías de financiamiento y se destinará a los institutos de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y el de Cine y la Creación Audiovisual. El Observatorio Ciudadano de Artistas, un colectivo que alberga a personas involucradas en las artes escénicas y plásticas, ha planteado que haya equidad en la distribución de los recursos, ya que una de ellas involucra a la mayoría de artes del espectro cultural. (I) Libertad de creación Papel de Casa de la Cultura ha centrado discusión “Si no podemos ser una potencia militar y económica, podemos ser una potencia cultural nutrida de nuestras más ricas tradiciones”, dijo el escritor Benjamín Carrión sobre la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), en 1944. Desde entonces se han creado núcleos en las 24 provincias del país que incluyen museos, salas de exposiciones. Son entidades con autonomía para manejar su presupuesto y escoger a sus autoridades. Sin embargo, la mayor parte de su financiamiento proviene del Ministerio de Finanzas.El proyecto de Ley Orgánica de Cultura, en manos de la Asamblea desde septiembre de 2009 cuando fue presentada por el Ejecutivo, determina que la CCE sea parte del sistema nacional de cultura. Que sea “un espacio que contribuya a la ejecución de las políticas culturales; el Ministerio no tiene esa tarea, sino que se concentrará en la expedición de esas políticas públicas”, dijo el actual ministro de Cultura, Raúl Vallejo, en entrevista con la radio Pichincha Universal en septiembre pasado. Incluso, la ley tiene previsto que desaparezcan las direcciones provinciales del Ministerio.Para Marco Antonio Rodríguez, presidente de la CCE en dos periodos entre 2004 y 2012, el peligro está en que desde el Ministerio de Cultura de turno se coarte la libertad de creación, “una función básica en el quehacer cultural de un país, ya que las artes deben ser ese espacio que genere y desarrolle un pensamiento crítico”.Respecto de la casa matriz, con sede en Quito, esta sería un órgano de planificación nacional que maneje, por ejemplo, las relaciones internacionales de la entidad, al desligarse del núcleo de la provincia de Pichincha, según la norma planteada.Ana Rodríguez, una de las funcionarias que participaron en la creación del proyecto de ley, afirmó en un foro realizado en junio pasado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en Quito, que la ley no ha sido creada para limitar o regular la creación, el arte, la cultura: “Se ha tratado de asumir... las obligaciones que tiene el Estado para crear las condiciones adecuadas para la cultura”, afirmó. (I). Registro Único de Artistas y Gestores Culturales Los que hacen cultura serán registrados por el Gobierno Una de las herramientas del Sistema Integral de Información Cultural, que debe conformarse en caso de aprobarse la Ley Orgánica de Cultura, es la creación del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC). La norma planteada indica que este sistema tiene como objetivo “recopilar, sintetizar, difundir y poner en valor la información del ámbito cultural y patrimonial, generada por las entidades públicas, privadas o comunitarias, la comunidad artística y la ciudadanía en general”.Se tiene previsto que esa información sea administrada y custodiada por el Ministerio de Cultura, entidad que “podrá utilizar las herramientas e infraestructura informática disponibles de las entidades del sector público para generar, fortalecer y actualizar el Sistema Integral de Información Cultural”.Incluso se establece la generación de incentivos para que quienes son parte del quehacer cultural nacional se registren y entreguen su información. Entre ellos, que las obras, trabajos o proyectos de los actores culturales que se registren sean incluidos “en una plataforma digital de información cultural en línea”.A Jaime Sánchez, docente investigador de la Cámara de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con sede en Quito, le preocupa este interés estatal de generar estos registros: “El arte es un camino, una vía supercrítica contra cualquier institución, sea cual sea, sea del Estado o privada, siempre está opinando de una manera crítica y siento que de alguna manera, con esto de yo te doy, pero si tú me das, es como condicionar esta mirada crítica y reflexiva que debería tener el arte y la cultura frente a cualquiera”.Para Sánchez, el proyecto de ley tiene un enfoque de control que considera errado y contradictorio: “Cuando la cultura y todo proceso artístico en sí mismo está intentando pensar, reflexionar, criticar esos sistemas de control, la ley de cultura que es la matriz, el gran paraguas, en su espíritu es una ley de control”, asegura este docente que es parte del Comité de Actores Culturales formado en la capital de la República.La asambleísta oficialista Ximena Ponce, vicepresidenta de la Comisión Especializada de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional que analiza este proyecto de ley, asegura que las políticas culturales planteadas no son para controlar los contenidos culturales: “Son políticas de fomento, de interculturalidad, de acceso a la formación académica, esas son el tipo de políticas... Los contenidos culturales los da la expresión de las comunidades y de la gente”, afirma. (I) Búsqueda de fondos para estimular el arte halla cuestionamientos Asambleístas proponen una forma de financiar fomento El Fondo de Fomento de las Artes, la Cultura y la Innovación, que se creará en caso de aprobarse la Ley Orgánica de Cultura, se nutrirá de distintas vías de financiamiento. La norma planteada señala, por ejemplo, que recibirá el 5% de las utilidades anuales del Banco de Desarrollo de Ecuador (ex Banco Nacional de Fomento) y de los recursos que estén disponibles del Fondo Nacional de la Cultura (Foncultura).A esta vía de financiamiento se sumará también lo que se recaude del impuesto para el fomento de la cultura y las artes, que sería el 10% sobre la totalidad de la venta de entradas para la exhibición de películas de producción extranjera en las salas comerciales de cine. Este se aplicaría a partir de enero del próximo año, según el último informe de esta ley aprobado por la Asamblea el 21 de septiembre pasado.Otros ingresos vendrán de una parte de lo que recauda la Superintendencia de la Información y Comunicación por concepto de multas y sanciones por el incumplimiento de infracciones específicas.La asambleísta Ximena Ponce, vicepresidenta de la Comisión Especializada de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional que analiza este proyecto de ley, reconoce que el impuesto establecido a las películas extranjeras podría generar el encarecimiento de las entradas al cine: “Lamentablemente la reacción que tiene el sector privado es que no se toquen sus utilidades, sino que siempre cargar el impuesto al ciudadano”, asegura.La asambleísta afirma que hay varias alternativas que se analizan para financiar las actividades planteadas en el proyecto de ley. “Este es un punto muy complejo... Necesariamente la cultura y todas las actividades señaladas (en la ley) tienen que ser financiadas por el Estado. Un criterio que manejamos es que no podemos dejar a la cultura al libre mercado, es decir que el acceso a la cultura esté mediado por el dinero, eso no podemos permitir”, dice Ponce.El proyecto de ley incluye también que los gastos en cultura sean un elemento deducible de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. “Así como deducimos vestido, salud, alimentación y educación, un quinto deducible serán los gastos en cultura como entradas al cine, a las obras de teatro, a las presentaciones de danza, a un concierto de música, el ingreso a las artes circenses, todas estas presentaciones artísticas tendrán esa posibilidad. Con esto forjamos público”, indica Ponce. (I)

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