El Frente de Pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) pidió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas cautelares para que se suspenda el trámite de las reformas a la Ley de Seguridad Social de las FF.AA. y de la Policía, y que conmine al pago de la deuda del Estado a la institución.

Un grupo de militares pasivos viajó a Washington para entregar el documento. Patricio Durazno, abogado de los pensionistas, explicó que el pedido se sustenta en la “vulneración de derechos y libertades”; por lo que están pidiendo protección y tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.

El jurista dijo que en quince días habría una respuesta del organismo internacional.

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Wagner Bravo, vocal suplente ante el directorio del Issfa, afirmó que no solo defienden al personal pasivo sino al que está en situación de “riesgo”; pues insistió en que a los activos ya se les descontó su aporte a la seguridad social y a los préstamos hipotecarios y quirografarios, pero que esos recursos todavía no llegan al Issfa.

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Según el vocero, las reformas a la seguridad social de FF.AA. tienen “objetivos políticos” contrarios a las necesidades y derechos de los militares activos y pasivos. Además, recalcó que los activos no pueden participar en el debate legislativo.

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El asambleísta oficialista Fausto Cayambe, miembro de la Comisión que tiene el proyecto, afirmó que no se suspenderá el trámite y que, de acuerdo con el calendario, la aprobación de la ley será hasta la segunda semana de octubre.

Informó que el lunes sistematizarán todas las observaciones y el miércoles se comenzará a elaborar el informe para segundo y definitivo debate.

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Cayambe advirtió que las medidas cautelares que pueda dictar la CIDH no son vinculantes, por lo tanto, no están obligados a recogerlas. (I)

419
millones de dólares

Es el monto de la deuda que mantendría el Gobierno con el Issfa, según militares en servicio pasivo.