Con pedidos de diligencias y la presentación de pruebas es como continúan los 90 días de instrucción fiscal por el delito de cohecho en el que son investigados Álex Bravo, expresidente de Petroecuador; Javier B., presidente de la compañía Oil Services & Solutions; y los hermanos Jaime y Juan B., supuestos propietarios de las empresas Arkdale Investments Limited y Liscard Foundation.

Durante la audiencia de formulación de cargos contra Javier B., el 17 de agosto pasado, la Fiscalía señaló que se presume que el delito de cohecho habría existido cuando a la empresa manejada por él, y en la cual sus primos Juan y Jaime B. también son socios, se le entregaron contratos con Petroecuador, casi en los mismos tiempos en que Arkdale, de propiedad de estos últimos, también tenía un contrato de agenciamiento con la empresa Girbra S. A., de titularidad de Álex Bravo, siendo presidente de Petroecuador.

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Jorge Acosta, defensor de Jaime, Juan y Javier B., dijo que entregó a la Fiscalía escrituras de Arkdale Investments Limited y de Liscard Foundation, en las que se revelaría que ellos no son sus propietarios.

Acosta explicó que para demostrar que Oil Services & Solutions no se fundó para conseguir contratos con Petroecuador depositó en la Fiscalía siete escrituras sobre su constitución inicial, de los aumentos de capital, reformas de estatutos...

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Además, indicó que ha solicitado, a través de la Fiscalía, que Petroecuador certifique si alguna vez Oil Services “ha solicitado que cualquier valor correspondiente a los contratos que la han vinculado con la empresa sean depositados en cuentas” a nombre de Arkdale, Liscard Foundation, Centinel, Capaya, o de cualquiera de los firmantes de los contratos denunciados por el Gobierno. (I)