Los habitantes de Naranjal desestiman el fallo judicial que pondría en riesgo la propiedad de sus terrenos. En el añejo barrio Manuel Encalada, de más de 50 años de antigüedad, Julio Cedillo sentencia: “Nos tendrán que sacar muertos”. Su vecino y tocayo Julio Campoverde cree que hay un error jurídico que deberá enmendarse y descarta la posibilidad de dejar, él y sus conciudadanos, los predios en los cuales habitan por años y de los que dicen poseer títulos.

Los naranjaleños están en pie de lucha luego de que el sábado 13 encontraran hojas pegadas en paredes que daban cuenta del estado de embargo y orden de remate de 1.246 hectáreas, correspondiente a media área urbana, sustentada con la copia del fallo de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en El Empalme, emitida el 27 de julio pasado.

El martes 16, medio millar de habitantes marchó exigiendo a las autoridades garantías por sus tierras, más que nada al alcalde Marcos Chica. Él sostiene que primero buscarán frenar el remate, que tiene fecha: 21 de septiembre de 2016.

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En el barrio Encalada, los Julios conocen bien que su sector está inmerso en el embargo porque en el fallo, firmado por el juez Ángel Cojitambo, consta como área afectada lo que encuadra la carretera Panamericana (Puerto Inca-Machala), los ríos Chacayacu y Blanco, más una hacienda.

Según Ángel Chóez, director municipal de Avalúos y Catastros, hay 6.063 predios afectados, incluidas 42 instituciones del Estado, afectando planteles educativos, el hospital de Naranjal y la Unidad de Policía.

El alcalde Chica refiere que hace quince días conocieron el caso y sostiene que el proceso está viciado de nulidad, empezando porque, según él, no se los notificó como terceros afectados. “Dice el fallo que esto es un predio rústico”, cuestiona y critica que el depositario judicial del caso no haya supuestamente alertado al juez de que el predio del cual dispone su remate corresponde a la mitad del área urbana de Naranjal.

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El caso se remonta al 2004. Felipe Dau, procurador síndico municipal, señala que allí herederos de quien en 1895 poseía el título de propiedad de aquellas 1.246 hectáreas inscribieron en el Registro de la Propiedad de Naranjal una Posesión de Acción Efectiva, tramitada en una notaría de Milagro.

Luego, en septiembre de ese año vendieron ese derecho a Ramón Mendoza Pereira, trámite que también se inscribió en el Registro de la Propiedad. Pero él supuestamente no cumplió con el pago de cinco letras de cambio y de ahí surgió el juicio, motivo del remate.

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En un informe al alcalde, el procurador Dau sostiene que los herederos en mención son Benedicta Pacífica, Geoconda Alexandra, Irilma Olivia, Jorge Alejandro, Pedro Catalino Malta Piure, “siendo el causante Andrés María Malta Chiriguaya, el beneficiario o titular de los derechos y acciones de sitio del predio rústico perteneciente a la comunidad Playa Seca”.

“El fundamento legal está en el art. 416 del Cootad que dice que los bienes públicos son inembargables, que tiene concordancia con el art. 57 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales que determina una prohibición expresa de la transferencia de dominio, bajo cualquier título, de las tierras que está sujeto a acciones y derecho de sitio”.

Dau señala que la ley permite al Registro de la Propiedad de Naranjal corregir errores recalcando que fue un juez el que dispuso en el 2004 la inscripción de un recurso supuestamente no válido. De allí prevén involucrarse en el juicio como terceros afectados. (I)

20
mil habitantes viven en el área embargada.

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Estamos trabajando para evitar que este embargo se dé a efecto sabiendo que todo lo que se ha hecho prácticamente está viciado de nulidad, pero eso tenemos que demostrarlo.