La legisladora Verónica Arias, del movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), propuso a la Asamblea y al Ejecutivo once cambios a la Constitución para que sean tramitados vía enmiendas o referéndum junto a la pregunta del “pacto ético” planteada por el presidente Rafael Correa.

Para ir por la vía enmienda necesitaría firmas de un tercio de asambleístas –aún no tiene– y la Asamblea enviaría a la Corte Constitucional (CC) para que defina si son enmiendas. Para la otra vía, el Ejecutivo debería acoger la propuesta y enviarla a la CC. Al igual que la pregunta que busca evitar que quienes tienen dinero en paraísos fiscales ocupen cargos públicos, podrían entrar en una consulta junto a las elecciones del 2017.

Con cualquiera de las dos vías, los cambios relacionados a lo electoral no se aplicarían el 2017, sino desde los siguientes comicios, refirió la legisladora.

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Las propuestas son que los prefectos sean electos solo por la población rural (las juntas parroquiales ya lo sugirieron). Eliminar el fondo partidario, que medios destinen 25% de sus espacios con “cobertura estatal de costos” a la difusión equitativa de las propuestas y candidatos; y que los grupos que no inscriban candidatos a todas las dignidades de su circunscripción pierdan su personería.

Que no se gasten fondos públicos en publicidad estatal, pues los medios deben difundir la información oficial, sin el nombre o imagen de los funcionarios. Que el Estado garantice la Equidad Remunerativa en las entidades públicas o privadas y que la diferencia entre la remuneración integral más alta no supere doce veces la menor.

También se busca eliminar las categorías de legisladores nacional y del exterior, es decir, quedarían 116 legisladores, hoy son 137. Que el periodo de los cargos de elección popular suba de cuatro a cinco años. Que la asignación de escaños sea sin métodos, sino por candidatos más votados y no por listas.

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Otra idea es desconcentrar la administración del Estado en siete regiones horizontales y dos metropolitanas, cada una con un ministro coordinador.

Que la aportación, cobertura y jubilación del seguro universal obligatorio sean iguales para toda la población.

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Implementar una “fórmula equitativa” para distribuir las asignaciones de fondos públicos para los seccionales. Y que los ministerios no interfieran en las competencias exclusivas de esos gobiernos locales. (I)