Con una afectación al 49% del sector productivo y con pérdidas por al menos $ 860 millones, según datos del Ministerio de Industrias y Productividad, los efectos del terremoto del pasado 16 de abril aún son latentes en las economías de Manabí y Esmeraldas.

El comercio, la agricultura y la pesca, la principal industria de las zonas afectadas; manufacturas y turismo son las actividades cuyas infraestructuras productivas se vieron devastadas, parcialmente destruidas o mermadas tras el sismo de 7,8. Y con ello vino no solo un decrecimiento en la economía, que la Senplades estima en un 0,7%, sino un efecto en el empleo, que ya venía siendo golpeado producto de la crisis del país.

La pérdida de plazas de trabajo se ha visto reflejada en el aumento de solicitudes del seguro de desempleo del IESS. Hasta antes del terremoto apenas 37 personas habían pedido el beneficio. Desde el 16 de abril la cifra se elevó a 1.522: 1.230 en Manabí (donde se registran 203.610 afiliados) y 292 en Esmeraldas (con 63.572).

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Si no tiene garantías pero quieres emprender un proyecto, podemos financiarlo; seguro vas a comprar maquinaria y eso podrá ser pignorado, una prenda industrial o comercial, que podrá ser considerada una garantía.María Soledad Barrera, presidenta del directorio de la CFN

Jesús Loor, director del IESS en Manabí, dice que a causa del terremoto en la provincia las afiliaciones disminuyeron un 8,5% en el sector privado, pero crecieron 1,6% en el público, comparado con el año pasado.

Otro indicador son las empresas. El Ministerio de Trabajo emitió, mediante decreto, una serie de medidas para conservar el empleo, como el teletrabajo, la reducción de la jornada y la suspensión de la relación laboral por hasta tres meses. Pese a la difusión de las medidas, en Esmeraldas no se recibió ninguna solicitud; en Manabí, 34 empresas se acogieron a la suspensión temporal de la relación patronal y cuatro solicitaron modificar la jornada.

Del sector productivo, el comercio fue el más afectado con el desastre, con pérdidas por $ 428 millones, refiere el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León; en agricultura y pesca la afectación fue de $ 220 millones; en manufactura, de $ 164 millones.

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Paola Pérez, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias de Manta, señala que aún no ven los estímulos ofrecidos por el Gobierno. Y critica que en la denominada Ley Solidaria se dejó exento de los dos puntos más de IVA a Manabí, pero no se consideró que las empresas tienen proveedores de Guayaquil, Quito y Cuenca. “Al final, terminamos pagando el 14% y no el 12% del IVA, y además debemos asumir ese desfase ante nuestros clientes”, expresa.

Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, considera que en la provincia la empresa privada no ha superado el golpe económico y que falta inyectar liquidez.

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La reactivación tiene dos caras en Manabí y Esmeraldas: los que lo hicieron por cuenta propia y los que accedieron a un crédito en la banca. En este primer grupo están Luis Gusqui, un riobambeño dueño del almacén Barcelona, y Fabricio Valdiviezo, propietario de El Gran Baratillo, en Portoviejo. Con la mercadería que salvaron tras ver destruidos sus negocios y sin recurrir a financiamiento abrieron nuevos locales.

MANTA. Vinicio Aray accedió a un crédito de la CFN para su camaronera y mantiene otro para el proyecto Sail Plaza. (Neptalí Palma)

En Manta, en cambio, es otro el panorama. Lucía Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio, señala que solo en Tarqui, donde se asentaban 4.200 comerciantes, 24 hoteles, 14 ferreterías y 22 almacenes de electrodomésticos, habría una pérdida de $ 500 millones. Con el agravante de que un 90% de los comerciantes no califica para un crédito. “El sector que está realmente damnificado está en la Central de Riesgo y no ha podido acceder a la banca privada o pública. (...) Han recibido créditos muy pocos”, dice.

Con ella coincide Jorge Mero, presidente de la Unión de Comerciantes de Tarqui, con 1.700 agremiados. Dice que los préstamos al chulco y el poco acceso a la banca son una realidad entre ellos. Los chulqueros les dan crédito inmediato, dice, pagando $ 12 diarios por 60 días a cambio de $ 500.

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PORTOVIEJO. Luis Gusqui perdió su edificio de cuatro pisos donde tenía el almacén Barcelona. (Neptalí Palma)

En la banca pública la mayoría de comerciantes ha recurrido a Banecuador, que opera desde mayo pasado, pero no todos cumplen las garantías. “Hay personas que se quejan porque se les está pidiendo mucha documentación, pero tampoco se puede regalar el dinero. Hay personas que tienen cartera castigada en el banco. No es que no se les va a dar, sino que es un proceso que obviamente demora un poco más...”, justificó la ministra de Inclusión Económica y Social, Lídice Larrea, el 13 de julio en la Asamblea.

León señala que se han mejorado procesos y que incluso se ha permitido que sean garantes entre ellos mismos para flexibilizar los requisitos.

Banecuador habilitó el crédito de reactivación ‘Contigo Ecuador’, que ofrece hasta $ 20 mil a 10 años y hasta 6 meses de gracia. Las condiciones dependerán de cada cliente. En promedio se han otorgado créditos de $ 8 mil. Al 25 de julio, 3.126 personas accedieron a uno, lo que ha implicado desembolsos por $ 24’826.925 (ver gráfico).

Vinicio Aray es el rostro de los que han accedido a financiamiento. Es dueño de una camaronera ubicada entre Manabí y Esmeraldas y con el terremoto su espacio de cultivo se vio afectado en un 70%.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) le otorgó un préstamo de $ 1 millón para reactivarse. “Nos dieron 7 años para lo que es activo y 3 años para el capital de operación a un interés de 7,5%”, dice Aray, quien ya mantenía un crédito con la entidad por la construcción del complejo hotelero Sail Plaza, en Manta.

PORTOVIEJO. Fabricio Valdiviezo, dueño de El Gran Baratillo, logró reabrir en la parroquia Picoazá con la mercadería que salvó. (Neptalí Palma)

La CFN registró desde el 18 de abril hasta el 12 de julio aprobaciones de créditos por $ 30,5 millones en Manabí y $ 7 millones en Esmeraldas. La cifra es casi el doble de lo otorgado antes del terremoto ($ 19,6 millones) en esas provincias.

Los tres meses que dieron las instituciones públicas y privadas para recuperarnos y no cobrar las deudas ha sido poco, 90 días no significan reactivación económica, tenemos deudas con la banca.Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo

María Soledad Barrera, presidenta del directorio de la CFN, señala que el financiamiento se ha destinado según la vocación de cada territorio. En Esmeraldas, se dio para palma. En Manabí, se firmó con Industrias Ales $ 3,6 millones de factoring (una herramienta que permite al proveedor anticipar el pago de las cuentas a través de una plataforma electrónica). Y se han dado créditos al sector camaronero y turístico, a más de 807 operaciones de refinanciamiento y la suspensión de los procesos de embargo.

En el tema de trámites, dice, se están buscando facilidades. Los requisitos se redujeron de 15 a 8 y el tiempo de aprobación de 65 a 35 días. Para las garantías, por ejemplo, a los camaroneros no se les pide la hipoteca, sino que es posible estructurar un esquema de retención de un porcentaje de los ingresos. (I)