El ministro del Interior, José Serrano, instó ayer a la justicia a llegar hasta los “responsables políticos” que daban las órdenes para que “se exterminen delincuentes”, refiriéndose al caso González y otros, que se retomó en instancias judiciales luego de que uno de los cuatro desaparecidos durante un operativo policial en el 2003, apareciera después de trece años.

“El caso Fybeca (sic) se puede convertir en uno de los emblemas de la lucha contra la impunidad, pero obviamente creo que hay que llegar hasta quienes dirigían esas acciones. Cuidado nos quedemos con algunos elementos de la Policía Nacional, esto hay que determinar cuál era la instancia política, también que daba las disposiciones de exterminar delincuentes (...). La justicia debe llegar hasta quienes eran los responsables políticos de dar las órdenes para que se exterminen delincuentes”, dijo el ministro Serrano, en un recorrido que realizó por Flor de Bastión, en Guayaquil, junto con el presidente Rafael Correa.

Hace trece años, las autoridades políticas que se encontraban en los mandos eran el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el gobernador del Guayas, Alberto Merchán; el ministro de Gobierno, Felipe Mantilla, y el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez.

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El lunes pasado, el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que formule cargos por el presunto delito de plagio, bajo la modalidad de desaparición forzada, contra quince implicados en la desaparición de cuatro personas en este operativo policial que se ejecutó el 19 de noviembre de 2003, para contrarrestar un asalto en una farmacia en el norte de Guayaquil. El saldo de ese operativo dejó también ocho muertos.

La Corte, en Quito, dio paso al pedido y rige la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Durante este tiempo, doce miembros de la Policía Nacional, que participaron en el suceso, deberán mantener prisión preventiva y otros tres tienen prohibición de salir del país y deben presentarse cada quince días en las salas de la CNJ.

Para evitar la prisión de tres de los acusados: Eduardo G., Darwin S. y Luis C., su abogado defensor, Luigi García, presentó ayer un recurso de apelación al dictamen del conjuez de la Corte, Iván Saquicela.

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También pedirá que se “amplíe el testimonio” que Erwin Vivar –uno de los desaparecidos encontrados en Venezuela después de trece años– dio a la Fiscalía, la semana pasada.

Según su relato, dado a conocer por Chiriboga el lunes, fue torturado, junto al desaparecido Johnny Gómez, por presuntos agentes, quienes los habían arrojado al estero Salado para dispararles. Vivar logró salvarse, contó, al cubrirse con el cuerpo de Gómez, y habría salido del país a Venezuela.

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“Es lamentable cómo se maneja la información y las pruebas. Nunca nos notificaron para la recepción de la versión de Vivar”, dijo ayer García, que denunció un posible “fraude procesal”, porque se les habría ocultado información. (I)