Con un cálculo realizado a “ojo de buen cubero”, el presidente de la República, Rafael Correa, le decía a periodistas en Manta, a tres días del terremoto del 16 de abril, que la reconstrucción tomará “dos, tres años” y que costará, según estimaciones preliminares, “entre dos mil y tres mil millones” de dólares.

Son recursos frescos que el Gobierno resolvió recaudar vía impuestos, como el incremento temporal hasta un año del IVA del 12% al 14%, y con créditos internacionales en un país que hace siete años contaba con fondos petroleros creados en 1998 para enfrentar cualquier eventualidad en periodos de bajos precios del petróleo.

En 2009, una mayoría del movimiento oficialista PAIS -que llevó a Correa al poder- de la entonces Asamblea Constituyente aprobó una ley que eliminó esos fondos y determinó que sean incorporados al Presupuesto General del Estado.

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Frente a la actual realidad, los asambleístas oficialistas aprobaron la tarde del 12 de mayo pasado la ley que incluye otras medidas como la contribución de parte del sueldo para los que ganan desde $ 1.000.

Esa tarde, los legisladores de la oposición cuestionaban la falta de un informe técnico que determine el dato exacto de lo que al Estado le compete reconstruir frente al total de pérdidas que incluyen edificaciones, activos de la empresa privada como hoteles y oficinas, al igual que casas y negocios.

“Yo pregunto: si no sabían cuánto es el monto (de daños del terremoto), cómo es que mandan este proyecto de ley sin contar con los recursos de las donaciones, sin contar con los recursos de organismos nacionales e internacionales, sin saber la cifra exacta de seguros Sucre (sobre los bienes públicos que estaban asegurados)”, decía Fanny Uribe, asambleísta del movimiento Avanza que otrora era aliado al régimen.

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Desde el oficialismo se apelaba a la solidaridad: “Sobre el IVA, cierto es, no es un impuesto progresivo, es un impuesto regresivo, por eso hemos establecido aquí la temporalidad”, decía Rosana Alvarado (AP).

Las autoridades del Gobierno han concordado en que recién a finales de este mes o a inicios de junio próximo estará listo el informe económico de los daños del terremoto. Es un documento que prepara la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con el apoyo de técnicos de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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El Manual para la evaluación de desastres, publicado por la Cepal en febrero de 2014, indica que “para formular y estimar los requerimientos financieros de la estrategia de recuperación y reconstrucción, es indispensable contar con información acerca de los efectos e impactos del desastre y estimaciones del costo económico”.

La denominada Ley de Solidaridad incluye una serie de beneficios tributarios que se aplican en las zonas afectadas. Patricio Rivera, ministro coordinador de la Política Económica, fue uno de los 20 funcionarios que comparecieron ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea que tramitó el proyecto, según el informe aprobado para primer debate.

Rivera habló del objetivo de esta norma en declaraciones publicadas el 26 de abril último por el sitio web ecuadorinmediato.com: “En este proyecto nos hemos esforzado en tener una propuesta que permita una rápida recaudación de recursos para recuperar servicios públicos, vialidad, reconstrucción de viviendas...”, aseveró.

Una comitiva del Servicio de Rentas Internas (SRI) presidida por su director, Leonardo Orlando, ha calculado que con la norma se tiene previsto recaudar $ 1.090 millones. El que más generaría, según el régimen, es el incremento del IVA por un año ($ 750 millones).

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La clave del costo directo para el Estado está en si los bienes públicos afectados están o no cubiertos por una póliza de seguros contra diferentes riesgos, una obligatoriedad establecida en el art. 5 del reglamento para la administración, utilización, manejo y control de los bienes del sector público.

Bayron Pacheco (Avanza), miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pidió esta semana ante la Contraloría General del Estado (CGE) el inicio de un proceso por el no aseguramiento de, al menos, el hospital Napoleón Dávila, de Chone, y la Unidad Educativa del Milenio de Pedernales, que deberán ser demolidos.

Los gerentes de Seguros Sucre y Rocafuerte, José Romo y Julio Tarre, comparecieron esta semana ante la Comisión de Fiscalización. Romo dice que lo asegurado por Seguros Sucre abarca un valor estimado por indemnizar de $ 120 millones. Mientras que Tarre asegura que en las provincias de Manabí y Esmeraldas hay bienes públicos asegurados por $ 374 millones por Rocafuerte. Y que las pérdidas estimadas al momento son de $ 13 millones.

Pachecho espera de la Secretaría de Gestión de Riesgos el listado de bienes públicos afectados por el sismo para deducir los que no tenían seguro.

El analista y editor de la publicación económica Análisis Semanal, Walter Spurrier, afirma que según la experiencia internacional, en promedio, entre el 30% y 40% del costo de reconstrucción tras un terremoto es asumido de forma directa por el Estado. Si las pérdidas económicas son de entre

$ 2.000 y $ 3.000 millones, “el Gobierno necesitaría entre 600 y 900 millones de dólares para la reconstrucción según sea el monto que fijen. Lo que estaría cubierto con lo que pretenden recaudar”, dice Spurrier,

En Chile, por ejemplo, el terremoto y maremoto de febrero de 2010 dejó pérdidas en la infraestructura pública y privada de $ 21.000 millones de los que $ 8.341 millones, el 40%, le correspondió cubrir de forma directa al Estado tras verificar lo que estaba asegurado, según el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno ha definido mediante decreto ejecutivo que el proceso de recuperación abarca tres ejes: la de respuesta a la emergencia (albergues y ayuda humanitaria), la de reconstrucción como infraestructura pública y viviendas (que implicará la entrega de bonos) y la de reactivación productiva.

El primer eje se ha nutrido de la ayuda internacional y ya ha recibido aportes de la sociedad civil difíciles de cuantificar. La Organización de Naciones Unidas tiene previsto recaudar $ 73 millones para cubrir necesidades básicas, de los que ya ha recaudado $ 11 millones. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) registra aportaciones de 34 países: baterías sanitarias, alimentos, agua, equipos médicos, medicinas, carpas, camillas.

La cuenta del Comité de Reconstrucción –órgano creado vía decreto ejecutivo el 26 de abril pasado para que se encargue de las tareas de reparación– se nutrirá de los fondos que liberan los organismos multilaterales de crédito ante este tipo de tragedias. Solo por esta vía se obtendrían unos $ 1.000 millones, según el régimen. El analista económico y exministro de Finanzas del actual régimen, Fausto Ortiz, afirma que al 30 de abril ya se había concretado un crédito del Banco Mundial por $ 150 millones que se pagarán a 35 años plazo con 18 años de gracia.

Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, “es un monto que finalmente puede sustentar el gasto público que el Gobierno insiste en mantener tras el sismo con las tareas de reconstrucción”. (I)

Solidaridad
ayuda de países
Agua
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) registra que de 34 países llegaron 2.293 baterías sanitarias, 135.668 cajas de pastillas potabilizadoras de agua, 2.110 filtros de agua, 17 plantas potabilizadoras...

Salud
Arribaron 70.198 botiquines de primeros auxilios, 455 equipos médicos, 4 hospitales móviles, 153.312 kg de medicamentos.