Mientras 12 millones de personas en Chile enfrentan desde 2010 el periodo de sequía considerado como el más prolongado de su historia, las inversiones en energías renovables establecieron un récord en 2015 en el mundo. Son hechos diametrales que evidencian cómo el cambio climático va moldeando las prioridades en un planeta que inicia una semana clave.

Desde este 22 de abril, el Día de la Tierra, las 195 naciones que del 30 de noviembre al 12 de diciembre pasados alcanzaron un acuerdo para combatir el cambio climático, podrán firmar el denominado Compromiso de Acción de París. El plazo provisional para hacerlo vence el 21 de abril de 2017.

El acuerdo alcanzado entrará en vigor solo cuando 55 países que representen al menos el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), que provocan el calentamiento global, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, establece el documento en su artículo 21.

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El objetivo principal es mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados e impulsar los esfuerzos para limitarlo incluso más, por debajo de 1,5 °C, sobre los niveles de la era preindustrial. Esta última es una línea de defensa más segura frente a los peores estragos.

En el caso de Chile, que se comprometió a reducir sus emisiones de carbono (CO2) en un 30%, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia establece que el cambio climático tiene una influencia determinante en la sequía actual.

Para limitar el calentamiento global, los países se comprometen a fijar cada cinco años sus objetivos nacionales para reducir la emisión de GEI, es decir, gestionar la transición hacia una economía baja en carbono lo que se conoce como descarbonización. Esto en un acuerdo que no menciona la reducción de la generación de energía a través de combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), los principales generadores de GEI, lo que ha provocado críticas de grupos ambientalistas.

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Según las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), para preservar el umbral de seguridad de los 2 ºC solo se debería emitir la tercera parte del carbono contenido en las reservas conocidas de combustibles fósiles. De estas, el 63% corresponde al carbón, 22% al petróleo y 15% al gas.

El Acuerdo de París estableció la creación de una Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono, la que se reunió por primera vez esta semana en Washington. La idea es ponerle precio a la contaminación por carbono.

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Alrededor de 40 gobiernos nacionales y 23 gobiernos subnacionales han implementado mecanismos de fijación del precio del carbono, con lo que se cubre el 12% de las emisiones mundiales, según estimaciones del Banco Mundial (BM). “Fijar un precio a la contaminación del carbono ayudará a estimular la innovación y reducir las emisiones”, dice John Roome, director en materia de Cambio Climático del BM.

Los planes presentados por 189 países en conjunto alcanzan para limitar el incremento de la temperatura a 2,7 °C en 2100 respecto de la era preindustrial, por encima de las metas del Acuerdo de París.

El problema yace en que hay escasa información científica sobre cómo limitar el incremento a 1,5 °C. Científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas se reunieron esta semana en Nairobi (Kenia) para analizar lo difícil que sería llegar a esa meta. Las temperaturas mundiales promedio en la superficie superaron en un grado centígrado las alcanzadas en la época preindustrial al llegar a un récord en 2015. El IPCC emitirá un reporte al respecto en 2018. Myles Allen, profesor de la Universidad de Oxford en EE.UU., advierte lo que podría ocurrir: “Mi preocupación es que el informe del 2018 podría tener mucha información sobre cuán difícil será lograr (el objetivo de) 1,5 grados centígrados, y relativamente poco sobre los beneficios de alcanzarlo”, dijo.

Como contraparte, dos estudios recientes indican que los efectos del calentamiento global serían peores a los esperados. Uno, publicado el 7 de abril pasado en la revista Science, indica que la mayoría de las simulaciones por computadora respecto del cambio climático estaría subestimando por al menos un grado lo caliente que se pondrá el mundo este siglo.

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El otro, publicado en la revista Nature a fines de marzo, establece, con base en la cantidad de hielo que perderá la Antártida a lo largo de este siglo, que el nivel del mar aumentará de 1,5 a 1,6 metros, y no los 26 y 82 centímetros previstos para el 2100 por el IPCC.

La ONU ha señalado que más de 130 países suscribirán el acuerdo. A fines de marzo pasado, Estados Unidos y China, que en conjunto representan el 40% de las emisiones de GEI, anunciaron que lo firmarán para empezar a implementar sus acciones nacionales desde 2020. No obstante, EE.UU. enfrenta obstáculos para iniciar la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono. Desde febrero último, la Corte Suprema mantiene bloqueado el plan del presidente Barack Obama de imponer límites a las emisiones generadas por las plantas termoeléctricas.

El gobierno de Obama confía en que los límites se ratifiquen con suficiente anticipación y ha señalado que los créditos fiscales para energía renovable eólica y solar ayudarán a cerrar el vacío hasta que el límite de emisiones entre en vigor.

EE.UU. no requiere que el Congreso ratifique la firma del acuerdo climático, aunque senadores de la oposición republicana han amenazado con torpedear su implementación al negar fondos a algunas de las iniciativas del compromiso.

Inés Manzano, experta en legislación ambiental, afirma que el Acuerdo de París es políticamente vinculante sin tener el carácter de tratado jurídico internacional, por lo que su cumplimiento descansa en la voluntad de los gobiernos de turno y en la legislación interna de los países para su ratificación: “Hay diferentes procesos o maneras de hacer validar la firma. En Ecuador viene a ser la ratificación por parte de la Asamblea Nacional de lo que haya firmado el presidente”, dice.

Para Ivonne Yánez, presidenta de la ONG Acción Ecológica, la firma y ratificación del Acuerdo de París por parte de los países no va a implicar necesariamente una descarbonización de la economía mundial: “Si usted ratifica esto, en la práctica no le están obligando a nada más que permitir que Naciones Unidas, a través de la Convención, haga un monitoreo del cumplimiento, pero que usted voluntariamente dijo que iba a hacer, entonces digamos no pasa nada”, afirma.

La ONU hará un monitoreo de los compromisos nacionales cada cinco años. Un primer balance global está previsto para 2023. Sin embargo, la evaluación no sería punitiva. (I)