Unos dicen estar preocupados y otros en la incertidumbre. Se asoman por las ventanas, salen a los corredores, acceden a mostrar cómo viven y dan detalles de cómo se organizan para recoger fondos y hacer sus propias reparaciones en los departamentos, patios, cisternas y bloques familiares.

Son los habitantes de las casas colectivas de Gómez Rendón y José Mascote. Los bloques habitacionales son propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que no puede cobrar los arriendos desde el 2005.

El pasado viernes, el gobernador Julio César Quiñónez acudió al sitio junto con autoridades de diferentes organismos para anunciar que se ejecutará un plan de recuperación porque supuestamente en el sitio priman la inseguridad y la insalubridad. Dijo que se hará un censo para levantar la información de cada familia y sus necesidades.

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Según Quiñónez, este primer acercamiento se realizó a partir de la información recogida por el IESS que aún hay que validar. “Las veces que ellos vinieron la gente los recibió de manera violenta, algunas casas no abrieron, otros no dieron las facilidades para hacer la labor de levantamiento de información”, mencionó.

Los anuncios y planes para la remodelación y censos en estos bloques no son nuevos. Ya hubo otros intentos. En el 2014 el director provincial del IESS en ese entonces, Iván Espinel, sugirió en un principio una demolición de las edificaciones y pidió al Municipio que declarara los bloques no habitables.

Luego, tras una reunión con representantes del IESS y de las casas colectivas, se acordó una inspección técnica.

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María Eugenia Campos, dirigente del bloque habitacional de la calle Maldonado, comentó que en el 2014 se realizó un censo, pero “quedó en nada”.

“Son muchos años que los bloques han estado abandonado por el IESS, entiendo que la entidad no lo hacía (el mantenimiento) porque estamos en deuda, porque no tenía liquidez este edificio para ellos (...). Yo tuve un contrato con el Seguro Social y no nos quisieron cobrar”, expresó Campos.

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Juliet Erazo, directora provincial del IESS, manifestó el pasado viernes que las familias que habitan en las casas no han pagado arriendo desde el 2005 y que en la actualidad la institución mantiene una deuda de $ 110 mil por consumo de agua debido a las reconexiones.

Un informe de Contraloría del 2006 ya señalaba la problemática en las casas colectivas, donde unas piezas estaban arrendadas, otras selladas e invadidas. “Muchos arrendatarios han subarrendado a otras personas, resultando difícil cobrar los arriendos al IESS”.

La directora regional del IESS sostuvo que ha solicitado la colaboración para levantar un nuevo estudio porque en el censo que se realizó en el 2014 muchos no querían mostrar cómo habitaban.

Samuel Morán, dirigente del bloque de la av. del Ejército, señaló ayer que están abiertos al censo y a las propuestas, ya sea de reubicación o de cobros de los arriendos.(I)

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familias, estiman las autoridades, viven en estos bloques.