La multinacional española Indra Sistemas S.A. enfrenta un nuevo proceso legal. Tomás Alvear, director general del Consejo de la Judicatura (CJ), planteó ayer una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito exigiendo una indemnización de $ 32 millones por un supuesto perjuicio ocasionado por la empresa.

El argumento de Alvear es que la multinacional incumplió el contrato para la implementación del software Justicia 2.0, que fue adjudicado a Indra por $ 23,7 millones durante la emergencia judicial. El funcionario se ampara en un informe de la Contraloría según el cual se detectaron supuestas irregularidades en la ejecución y en la recepción de ese contrato.

La Contraloría emitió una glosa por el monto del contrato en contra de Indra y dos exfuncionarios del CJ que firmaron el acta de entrega-recepción.

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La empresa y uno de los exfuncionarios pusieron demandas de nulidad a esa glosa.

Indra argumentó que cumplió los objetivos del contrato y que la Judicatura recibió el servicio sin objeciones.

Gustavo Jalkh, presidente del CJ, indicó que el monto de la indemnización es mayor al precio del contrato porque la institución hizo gastos para fortalecer el software.

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En un comunicado, Indra manifestó que respeta las decisiones de las autoridades y que aún no ha sido notificada de esta última demanda. (I)