El grupo Acción Ecológica presentó una petición de actualización de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el último enfrentamiento registrado el 25 de enero pasado entre taromenanes y waoranis, que causó la muerte de Caiga Lincaye y resultó herida su esposa, Tweñeme.

La pareja de nacionalidad waorani fue localizada por los pueblos no contactados en el río Shiripuno, en Pastaza.

Ayer, Alicia Cahuiya, vicepresidenta de los waoranis, pidió la intervención del Gobierno y dijo que la mujer herida está en el hospital Eugenio Espejo de Quito y no pueden visitarla. “Si el Estado no interviene de manera rápida, vamos a seguir muriendo las familias waoranis y taromenanes”.

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Ramiro Ávila, abogado de Acción Ecológica, indicó que lo que buscan es que no se repitan “las acciones y omisiones registradas en el año 2013, cuando se produjo una masacre a más de 30 personas indígenas taromenanes o tagaeris”.

Según Ávila, ante la CIDH pidieron “que se prevenga al Estado para que garantice efectivamente la vida de los pueblos en aislamiento (...), y que se repare a las víctimas para que no exista una posible represalia que culturalmente aún está presente en los waoranis”.

Añadió que en el último párrafo del artículo 57 de la Constitución se garantiza el derecho de los pueblos en aislamiento, pero además dice “que si no se toman las acciones posibles y no se garantice eso, se considerará un etnocidio”, indicó. (I)

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de nacionalidad waorani fueron atacadas el pasado 25 de enero. Una de ellas murió y la otra aún se recupera.