El procurador del Estado, Diego García, no está de acuerdo con que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), creada para la prevención del delito de lavado de activos, sea adscrita al Ministerio del Interior, como propone un proyecto de reformas enviado por el presidente Rafael Correa a la Asamblea, en noviembre pasado.

García dijo que las funciones de la UAF están orientadas a la prevención de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y no a la investigación y persecución de estos delitos, por lo que recomendó que pase directamente a la Presidencia o a otro ministerio, pero no al del Interior.

La autoridad señaló que este es el criterio de la mayoría de miembros del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, excepto el de esa cartera de Estado.

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El procurador acudió ayer a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que analiza la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos. La Comisión recibe comparecencias sobre los actores involucrados en esta reforma antes de preparar el informe para primer debate.

García comentó que al momento la UAF es un organismo autónomo e independiente, no adscrito a ninguna institución, pero que funciona bajo las políticas del referido Consejo.

El Ejecutivo propone desaparecer este Consejo y que la rectoría sobre el tema la tenga la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

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El procurador expuso sobre cuatro puntos: los sujetos obligados a informar, el régimen institucional y el sancionatorio y sobre la UAF. (I)