Esperando –y con la cuenta de ahorros en cero– está desde diciembre del 2013, cuando decidió demandar a su expareja por incumplir con su obligación alimentaria, por abandonar el hogar, por no reconocer a su tercera y última hija. Pero la suya no es una espera pasiva. Hoy, un martes de enero a dos años de haber iniciado los procesos, Marjorie Guaranda sigue bregando por los derechos de sus hijos. Se acerca a una ventanilla de atención en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Complejo Florida Norte del Consejo de la Judicatura, en Guayaquil, para darle seguimiento a su caso, pero no tarda en retornar a su asiento.

Debe seguir esperando y esta es la primera vez, de probablemente dos o tres, que en esa semana se movilizará hasta esa dependencia pública desde su casa en Bastión Popular. “Hay que ser constante, me dicen que hay que ir, que ir, que ir para tratar de obtener un resultado”, dice la madre de Moisés, de 7 años; Jeremías, de 5, y Génesis, de 3.

Aquella mañana, en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de las calles Luque y Tulcán, en el centro de la ciudad, Andrea, una joven de 16 años, esperaba por unas copias pedidas por el abogado que maneja su demanda por alimentos. Ella tiene dos hijos en un país donde se registraron 42.966 partos de menores de edad en 2014, según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Carga en sus brazos a su bebé de tres meses, mientras su abuela cuida a su primera hija, de dos años.

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Al padre de su hija lo demandó hace un año. Dice que la reconoció, pero que él insiste en pedir una prueba de ADN; que no la visita ni cumple con la prestación de alimentos, pese a que trabaja como guardia y gana el salario básico. Del papá del menor, en cambio, se separó poco antes de que naciera. No estuvo en el parto, en palabras de Andrea, este “se apareció” cuando tenía poco más de un mes, le dio $ 30 y no lo volvió a ver. A él no lo puede enjuiciar porque no le dio el apellido y porque desconoce su dirección domiciliaria.

Su mamá, Julisa, también la tuvo a ella a los 15 años y está resignada a mantener sola a sus otros tres hijos menores, que son de dos diferentes padres. “El uno me debe como cinco mil dólares, pero para qué cogerlos presos si no tienen en qué caerse muertos”, reniega la mujer de 31 años. Reconoce que cuando Andrea le contó que estaba embarazada le dio la espalda. “Yo le dije, así como usted se metió a tener sus hijos, tiene que desenvolverse sola, entonces yo no la ayudé en nada... para que se dé cuenta de que los consejos de los padres sí valen”.

Andrea, quien dejó sus estudios tras repetir sexto año de educación básica y quedar embarazada, sí había oído tales consejos de su madre, más bien advertencias en medio de reprimendas, pero había visto lo contrario. Ahora dice que ha sido “duro” ser madre soltera y sobre todo no poder darle a sus hijos lo que necesitan; sus abuelos son quienes la ayudan a mantenerlos con el dinero que él gana en una camaronera como peón.

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Marjorie, con un tono de desencanto dice que lo que le duele es que a su expareja le hayan dejado de preocupar sus hijos, que por eso lo demandó, por lo que sumó su denuncia a la de otras 69.835 mujeres en 2015, de acuerdo con registros de la Defensoría Pública. Para los hijos que su expareja sí reconoció, un juez fijó la manutención en $ 99. Él no ha pagado nada aún, por eso la cuenta que abrió para que él deposite la pensión sigue en cero; según supo ella, ya tiene un hijo con otra mujer.

A la niña, en cambio, aún no se la asignan. El padre nunca la reconoció y Marjorie la registró con sus apellidos. Por eso para el juicio por paternidad deberán hacerse un ADN.

Recuerda que le insistió durante casi un año, pero era el tiempo en el que las cosas entre ambos ya no iban bien. No lo estaban desde que nació su segundo hijo, cuando, dice Marjorie, “se veía a escondidas con otras mujeres”. Ella lo sabía, pero no quería “fracasar”. Por aquel temor, argumenta, no le pidió que se fuera de la casa, pese a que él a lo mucho le daba $ 30 para cubrir los gastos.

Tiene 27 años, estudió hasta segundo año de bachillerato y sabe lo que es crecer en un hogar fragmentado. Su madre migró a España cuando tenía 11 años, en parte por los problemas que tenía con su papá, un hombre que la golpeaba.

Marjorie se las ha ingeniado para intentar que a sus hijos nada les falte y describe sus luchas: “Yo, lo poco que hago es para ellos. Prefiero... que me regalen la ropa usada, pero yo comprarle a ellos, que siempre estén bien arreglados”. Por eso vende las manualidades como adornos para fiestas, pinta uñas, pone pestañas postizas, plancha el pelo de sus vecinas, con lo que gana unos $ 150. Aparte, su papá suele ayudarla con la comida o su mamá le envía $ 30 de vez en cuando. Quiere conseguir trabajo, pero no encuentra. “He buscado bastante... así sea para limpieza, (...), y no me sale nada”, dice, mientras espera a que llegue Moisés de la escuela.

En otro punto de la ciudad, en el Centro de Detención Provisional (CDP) de Guayaquil, Emerson Pilco y Hugo Sarmiento también hacen manualidades. No las elaboran para poder alimentar a sus hijos, sino porque dejaron de hacerlo.

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El próximo miércoles, Emerson cumplirá 60 días preso y le quedan dos meses más. El trabajo en una empacadora de camarón ya lo perdió. Allí ganaba hasta $ 90 semanales, por lo que dice que sí cubría con los $ 100 que un juez fijó como manutención para su hijo de 12 años. Sin embargo, es la quinta vez que lo aprehenden. Da su versión: “Yo, por motivo del trabajo, no le iba a depositar y le daba la plata a ella en las manos y, ya pues, ahora me viene con esa cuenta de que son tres mil dólares que le estoy debiendo”.

El Código General de Procesos (art. 137) establece el apremio hasta por 30 días para el padre o la madre que incumpla con el pago de dos o más pensiones y, en caso de reincidencia, hasta por máximo 180 días.

Emerson, de 37 años, insiste en que no ha incumplido con su obligación como alimentante y asegura que está preso “por venganza” de su expareja. Dice que ella lo vio con su actual novia, que también tiene un hijo, que tras ese encuentro hizo efectiva la boleta de apremio. Hugo, en cambio, lleva 86 días preso. Dice que esta, la sexta vez que lo detienen, se atrasó en la manutención porque usó el dinero para las multas de tránsito que tenía acumuladas. De no hacerlo, dice, no hubiese podido renovar su licencia de chofer profesional, oficio del que vive.

Las veces anteriores se retrasó porque, dice, el suyo no es un trabajo estable. Ahora Hugo, de 35 años, adeuda $ 1.700 por su hija de 14. Cuenta que de la madre se separó cuando la niña tenía dos. “Ella me jugó chueco, me traicionó”, asegura así como que a su hija nunca le ha faltado nada. Él afirma que le llevaba comida, ropa... pero cuando cumplió 10 años la madre lo enjuició: “Como ella no cogía dinero y yo me hice de compromiso, entonces vino la demanda”.

Una demanda que, manifiesta Hugo, se ha convertido en una traba para encontrar un empleo estable que le permita cumplir con su obligación. “Por más que tenga mi licencia profesional, le sale a uno que tiene una demanda por alimentación y no nos dan trabajo”. (I)

La ley dice
Parámetros para definir la tabla de pensiones “a) Las necesidades básicas por edad del alimentado; b) Los ingresos y recursos de él o los alimentantes, apreciados en relación con sus ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos de su modo de vida y de sus dependientes; c) Estructura, distribución del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y derechohabientes; y, d) Inflación”.

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Acciones de mediación
se realizaron durante 2015 para acordar el pago de pensiones alimenticias, según la Defensoría Pública.