Dirigentes de las organizaciones sociales, indígenas, maestros y colectivos presentaron ayer un informe sobre ‘Criminalización de la protesta, memoria de la resistencia’, en los nueve años del Gobierno.

En el documento se incluyen 80 casos de supuestos perseguidos políticos que involucran a 700 personas juzgadas por delitos como sabotaje, terrorismo, ataque o resistencia, rebelión, injurias, atentado a la seguridad del Estado, entre otros.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, considera que el régimen batió récord en estos años con más de 700 personas judicializadas: “No ha habido gobierno que haya puesto tanta fuerza en la criminalización para sembrar miedo a las organizaciones”.

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Este informe recoge los testimonios de hombres y mujeres que fueron encarcelados y también opiniones de abogados defensores. (I)