Un examen especial de la Contraloría concluyó que fueron ilegales los contratos de prestación de servicios firmados en el 2009 y el 2012 entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la clínica González, de Lago Agrio, cuyos propietarios son primos hermanos de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo de esa institución pública.