Ante “ausencia” de documentos la Contraloría del Estado sostiene que no pudo verificar si la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) hizo un “uso correcto” del edificio de la sede que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) le entregó en comodato en 1991.

El convenio no fue motivo del análisis del organismo de control, sino observar la ejecución del comodato, el cumplimiento de disposiciones legales, los derechos y obligaciones, el uso correcto del bien público, si se lo usó en las actividades enmarcadas en el convenio y si la Conaie registró contablemente la custodia del bien.

La Contraloría relata, en su informe de 29 páginas, que se encontró con un “archivo incompleto, sin documentación original”. El MIES dio copias del convenio con una fecha de suscripción “que no es legible”, y la Conaie respondió que no cuenta con esa información.

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En un oficio, el líder de la confederación indígena, Jorge Herrera indica que custodiar y archivar el convenio y sus anexos no es obligación convencional ni legal de ellos, pero sí del MIES.

La Contraloría cuestiona que de acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión de Procesos, se debe “mantener un archivo actualizado de los juicios, contratos, convenios, acuerdos y resoluciones”.

Esa falta de cumplimiento de los directores de Asesoría Legal y Jurídica del MIES “ocasionó que el (ministerio) no disponga del documento original del convenio y sus anexos”.

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A esto se suma “ausencia de documentos que evidencien el cumplimiento de las obligaciones de las partes”.

La auditoría había requerido a la Conaie detalles de las actividades realizadas, pero esta alegó que fueron tantas que estaban recopilando datos.

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Así “no se pudo evidenciar las actividades..., la forma de administración y uso del edificio”.

Esa falta de seguimiento y supervisión de las obligaciones “no permitió contar con información oportuna al MIES que le permita adoptar las decisiones pertinentes”, indica el informe de la Contraloría.

Tampoco hubo información que facilite conocer el registro contable y las cuentas de los estados financieros. El MIES justificó que antes del 2000 estos se realizaban manualmente, y por eso al ser “bienes de larga duración entregados por comodato no requerirán de la disminución del inventario”. La agrupación indígena argumentó que dicho registro se conservó “durante el tiempo que preveía la legislación vigente en aquella época” y tampoco entregó registros.

Como resultado, no se pudo verificar en forma contable el reconocimiento del inmueble.

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Sobre este examen, el abogado de la Conaie, Wilson Ordóñez, no se pronunció pues dice que aún no son notificados. “No sabemos cuál va a ser la jugada... qué vayan a hacer el MIES o Contraloría”.

Este Diario pidió a la dirección de Comunicación del MIES una postura ante el informe, pero no hubo respuesta. (I)

Desalojo
Antecedentes

Disposiciones
La Contraloría realizó un examen especial al periodo del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014. Lo inició luego de que en diciembre del año pasado, el MIES notificara a la Conaie con el desalojo de su sede para destinar el inmueble a una casa de acogida para jóvenes. El 30 de junio pasado se suspendió esa resolución.