Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dispuso al Estado ecuatoriano el pago de alrededor de $ 14,5 millones a favor de 27 exjueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 8 vocales del extinto Tribunal Constitucional (TC), que fueron cesados por el Congreso en el 2004.