Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dispuso al Estado ecuatoriano el pago de alrededor de $ 14,5 millones a favor de 27 exjueces de la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 8 vocales del extinto Tribunal Constitucional (TC), que fueron cesados por el Congreso en el 2004.

De ese monto, $ 12,3 millones corresponden a los primeros, señala el informe que la Procuraduría General del Estado entregó a la Asamblea.

El valor, según la sentencia, se desglosó así: $ 10,5 millones por “daño material” (en partes proporcionales, según el caso); $ 1’620.000 ($ 60 mil a cada uno) por “restitución” que debía pagarse en el primer año desde la notificación del fallo; $ 135.000 ($ 5.000 cada uno) por “daño inmaterial”; y $ 5.000 por gastos judiciales.

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El acuerdo entre las partes fue hacer el pago en tres tramos. El último será en marzo del año próximo.

En el segundo caso, fueron $ 2,2 millones, desglosados así: $ 1,6 millones por “daño material (en partes proporcionales, según el caso) que debían pagarse en seis meses desde la notificación; $ 480 mil ($ 60.000 cada uno) por “restitución”; $ 40 mil ($ 5.000 por cabeza) por “daño inmaterial”; más $ 7.000 por costas.

El último pago se realizó en mayo del año pasado. (I)