Los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía, planteados por el Ejecutivo, aún mantendrían un 38% de rechazo de la ciudadanía, según cifras del Gobierno. Y para contrarrestar esas cifras este prevé reformular sus contenidos, en un debate que se extendería hasta diciembre.

El secretario nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Pabel Muñoz, presentó ayer a la prensa una evaluación de los denominados ‘Diálogos por la equidad y la justicia’, que convocó el presidente Rafael Correa el 18 de junio pasado, y de los que el funcionario resalta un objetivo alcanzado: “Una excelente valoración política”.

Estos encuentros se realizaron en los últimos tres meses para enfrentar las continuas protestas ciudadanas que se realizaron desde junio pasado en contra de estas leyes y otras políticas gubernamentales.

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La que más preocupaba era la propuesta sobre el cobro de impuestos a las herencias, por ello el Ejecutivo decidió cambiar la tabla. Para patrimonios heredados, la base exenta propuesta era de 100 salarios básicos, es decir, $35.000; y ahora pasaría a 480 salarios o $169.920.

Los recursos que se obtengan de estas tasas, según Muñoz, se emplearán en las becas estudiantiles para los sectores indígenas y afroecuatorianos.

Además, dijo que atenderán el pedido del sector empresarial para mantener la tabla vigente para los negocios en marcha, que es del 17,5%.

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Este cuerpo legal se mantendrá suspendido temporalmente del debate en el Legislativo, hasta que en diciembre próximo, Carondelet tome la decisión política de presentarlo.

No obstante, Muñoz anunció que enviarán en estos días un alcance de propuesta legal para “luchar contra la evasión, a través de las sociedades, fundaciones, fideicomisos, sobre todo los del exterior”.

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El secretario no dio una fecha específica, pero adelantó que no tendrá el carácter de económico urgente, y contendrá artículos que podrán “contarse con los dedos”.

El proyecto de Ley de Plusvalía, que atañe a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), también continuará en análisis hasta diciembre, “pues hay elementos particulares en su implementación que ameritan seguir discutiendo”, dijo Muñoz, sin dar más detalles.

Las cifras del oficialismo dan cuenta que estos dos proyectos generaron un 60% de rechazo ciudadano, que ahora “con información adecuada” bajó a 38%, agregó la autoridad.

Y bajo ese “paraguas”, en 2.173 encuentros con 2.019 organizaciones y 150.168 ciudadanos, estos aprovecharon para plantear demandas, como que la economía popular participe en compras públicas; o se eliminen trámites burocráticos.

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A este acto acudió el secretario de la Administración Pública, Vinicio Alvarado, y concluyó que “no importa” que sectores críticos al régimen no hayan participado, porque ya son los “directos beneficiarios” de los acuerdos alcanzados. (I)

Cuando se pretende descalificar el diálogo como un ejercicio democrático, y se pretende distorsionar para decir que es un diálogo solo entre nosotros, creo que hay una grave desinformación.Vinicio Alvarado, secretario de la Administración