La aplicación de Ley Orgánica de Comunicación tiene un impacto económico en medios

Han pasado más de seis meses desde que diario La Prensa, de Riobamba, recibió dos sanciones económicas, que sumaban casi $ 5 mil, de parte de la matriz de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), argumentando infracciones a los artículos 28 y 90 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), pero el nerviosismo en sus 51 trabajadores aún está latente.

La directora de La Prensa, Lucy Freire, refiere que la incertidumbre radica en dos temas: el impacto económico que tendrá una multa así para un medio pequeño y si se podrá seguir con el trabajo investigativo, frente a lo que definieron como “hostigamiento” de ciertos “ciudadanos interesados” que los demandan argumentando una vulneración de derechos.

El 8 de septiembre pasado, la Supercom definió que La Prensa infringió el artículo 28 de la LOC al no entregar, en el término de tres días, ejemplares pedidos, el 23 de julio del 2014, por un ciudadano y por ello debía pagar una multa de cuatro Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU) (entonces $ 1.360).

Cuatro días antes a esta sanción, la Supercom determinaba una multa para La Prensa de 10 RBU ($ 3.400). Esta vez, por no cumplir el artículo 90 de la LOC, es decir, no haber difundido el tiraje en la página principal de sus ediciones del 7 de mayo y del 20 de julio del 2014.

En el primer caso, Freire afirma que jamás negaron la entrega de ejemplares y como prueba, dice, presentaron un oficio –que la Supercom no admitió por no tener fecha de recibido– en la que un trabajador del demandante era informado de que su pedido estaba listo en el diario.

La responsabilidad en el segundo caso es aceptada por Freire, pero no entiende cómo luego de obligarles a pagar la multa, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) reformó el Reglamento para la Difusión del Tiraje, con la cual se les exime de esta obligatoriedad, pues tiene una circulación de cerca de 4 mil ejemplares, cuando la base requerida es de 7 mil.

La Prensa enfrentó más denuncias: nueve por supuestamente incumplir la difusión del tiraje; una que plantea que fomenta la prostitución en la publicación de un clasificado que ofertaba personal de modelaje, y otra que aduce discriminación contra el presentador de un reinado, a quien no se incluyó en una foto y sí a la artista invitada. Pese a que estos casos fueron desechados por la Supercom, la directora de La Prensa dice que el daño llegó por otro lado: el medio incurrió en gastos (abogados, movilización (...) y debió pedir un crédito de $ 8.500 para pagar estos rubros y multas.

Según la Supercom, entre enero y diciembre del 2014 receptó a nivel nacional 258 denuncias, de las cuales 113 recibieron sanción, 100 se archivaron y 16 tuvieron absolución.

César Ricaurte, director de Fundamedios, recuerda que cuando se debatía la LOC, la relatoría de la CIDH hizo la observación de que no podían establecerse similitud de procedimientos para un medio local y un gran medio nacional. Cree que una multa de $ 8 mil para un medio pequeño, que en ciertos casos significa meses de renta o pago de empleados, puede ser la diferencia entre seguir operando o cerrar sus puertas.

En la Rendición de Cuentas 2014 de la Supercom se observa que la multa económica que va de uno a cuatro RBU por infringir el artículo 28 de la LOC, sobre la no entrega de copias de grabaciones o impresos, es el segundo tipo de sanción más impuesta: 31 de 113 casos. La amonestación escrita (art. 10) ocupa el primer lugar, con 40 casos.

En la disyuntiva de seguir o cerrar se encuentra, desde septiembre pasado, el semanario orense La Verdad.

Su propietario, Nelson Chacaguasay, se ha declarado en rebeldía para no pagar casi $ 8 mil por cuatro sanciones impuestas por la Supercom por, según el organismo, haber tomado en su edición 444, de mayo del 2014, posición institucional respecto a la culpabilidad de personas involucradas en una investigación (art. 25); usar información restringida (art. 30, literal 4); no proteger la identidad de una menor (art. 32), y no clasificar contenidos que diferencien artículos de información y de opinión (art. 60).

Chacaguasay reconoce que han existido errores en la publicación que motivó el proceso de oficio, pero critica que hayan violentado sus derechos al llevarlo a una audiencia sin abogado que lo represente o que no le garanticen el debido proceso: la misma Supercom lo sancionó y luego esta revisó su apelación.

Como un “discrimen” califica Freire si se colocaría diferencias en el tratamiento de medios chicos y grandes. En cambio, Chacaguasay cree que es un tema de “justicia” hacer esta diferencia en la ley, pues sus siete empleados y 2 mil ejemplares de circulación semanal no pueden compararse con un medio grande.

En el 2014, según datos de la Supercom, el 43,7% de los 258 casos conocidos fueron presentados por ciudadanos, el 24,4% se iniciaron de oficio y el 17,8% por personas que tienen relación con algún ente público.

Estas cifras deben ser analizadas, apunta Ricaurte, y anuncia que Fundamedios lo está haciendo. Según él, “la mayoría de los que llaman ciudadanos son exfuncionarios públicos, caciques locales (...) que lo que buscan al denunciar es llevar a la autocensura al periodismo”.

En este sentido, Daniela Salazar, docente universitaria y abogada de periodistas y medios procesados en la Supercom, dice que son –en muchos casos– “poderes bastantes chuecos los que se hacen pasar como ciudadanos para hostigar y ahogar a los medios y así silenciarlos”.

Freire recuerda que hasta hace pocos meses en Riobamba al menos el 80% de las 22 radios existentes tenían programas de noticias; ahora solo seis.

Los casos se extienden a otras provincias. En la intendencia zonal 6, que comprende Azuay, Cañar y Morona Santiago, se registraron 55 infracciones a la LOC desde el 2014 al 4 de abril pasado. De estas, 15 se originaron por denuncias, diez de las cuales fueron archivadas, dos terminaron en rectificación y tres obligaron a retirar la publicidad de los medios juzgados.

Las otras 40 se iniciaron de oficio: 18 fueron objeto de amonestación por escrito, 16 recibieron sanción económica y de estas, 13 tuvieron que pagar un salario básico ($ 354); una, $ 3.400; otra, $ 1.360; y, otra, $ 1.770. Tres de las acciones de oficio provocaron la suspensión definitiva de publicidad en tres medios de comunicación, relacionadas en dos casos a canales religiosos que tenían la imagen de niños.

Hace cuatro días la Supercom sancionó con cinco salarios básicos ($ 1.770) al rotativo Últimas Noticias por no clasificar un anuncio publicitario en su edición del pasado 6 de marzo.

El informe 2014 de la organización Freedom House sobre la libertad de prensa a nivel global ubica a Ecuador como uno de los cinco países del continente en donde “no hay libertad de prensa”, junto a Cuba, Venezuela, México y Honduras.(I)