Con base en el artículo 24 de la Ley de Comunicación y el artículo 9 de su reglamento solicito se me permita dar respuestas a las aseveraciones que hace su medio de comunicación en el reportaje titulado “Deuda del Estado con el IESS incide en prestación de salud” del pasado 22 de marzo.

Genera rechazo la generalización de una problemática puntual en el hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, al extrapolarla a las más de 90 unidades hospitalarias del IESS, al manifestar: “hospitales y centros médicos con paredes despintadas o con humedad, equipos dañados y falta de especialistas...”.

Efectivamente, dentro de este hospital se detectaron varias fallas que reflejan además los efectos de no ejecutar aproximadamente el 40% del presupuesto disponible por parte de la entidad, explicándose así una gran parte de los problemas que hoy están solucionándose a través de: una declaratoria de emergencia de la entidad (desde febrero del 2015), la asignación de presupuesto extraordinario por $ 34 millones, la remodelación completa del área de emergencia, el arreglo del sistema hidrosanitario y eléctrico, la compra de equipamiento especializado y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, con énfasis en el área materno infantil.

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El Diario resalta en su nota que el conjunto de decisiones tomadas en el sistema de salud del IESS “incidirá en los rendimientos y la liquidez necesaria para mantener las prestaciones” de la entidad, posición de un exdirector del IESS. Parece necesario recordar entonces que antes de este Gobierno los ahorros de los ecuatorianos en la Seguridad Social se enviaban al exterior para financiar el desarrollo de otros países, recibiendo por dichas inversiones cero rendimiento y posteriormente tasas bajísimas. A manera de ejemplo, a enero del 2007, el rendimiento sobre estos recursos era de apenas el 0,3% anual. El bajo e irracional rendimiento de nuestros recursos se justificaba por la supuesta seguridad de las inversiones en bancos calificados como de “máxima calidad y mínimo riesgo” (los denominados AAA) que, como se demostró en la crisis financiera internacional del 2008, son bancos que tuvieron que ser absorbidos por otras entidades bancarias para evitar su quiebra inminente.

Pero todo esto representó no solamente un mal negocio financiero, sino también una afectación directa al valor de las pensiones de los jubilados, pues las pensiones se pagan con los rendimientos (intereses que ganan) de los recursos de la Seguridad Social.

Las decisiones políticas de este gobierno cambiaron esta realidad y han permitido que el IESS genere altos rendimientos financieros, que han posibilitado a su vez generar incrementos en las pensiones en beneficio directo de los jubilados. El Biess, a enero del 2015, mantenía un rendimiento del 8,19% en las inversiones realizadas de los fondos previsionales de la Seguridad Social.

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Diario EL UNIVERSO, además, atribuye una deuda inexistente del Estado con la institución por un valor de $ 1.749 millones. La supuesta deuda se origina en la Ley de Seguridad Social expedida en noviembre del 2001, ley que en el auge privatizador de los gobiernos de aquel entonces, pretendió entregar a administradoras de fondos de pensiones internacionales los recursos de la seguridad social. Para que dicha ley se convirtiera en un “buen negocio”, el reparto de los fondos de pensiones del país, las enfermedades de los jubilados, las enfermedades catastróficas eran un obstáculo, no eran negocio y decidieron pasar al Estado una responsabilidad evidente de la entidad. En lenguaje coloquial, para que la privatización sea un éxito, “la carne para las entidades privadas, el hueso para los ecuatorianos representados en el Estado”.

La ciudadanía merece saber que antes de este Gobierno no existía información de soporte a detalle en el área de salud que permitiera cuantificar obligación alguna.

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La deuda a la que hace referencia EL UNIVERSO se originaría en el artículo 111 de la mencionada ley, cuya aplicación exige un reglamento que desde su promulgación en el año 2001, nunca fue expedido. El reglamento era esencial para cuantificar cualquier obligación, por lo que su ausencia la torna inaplicable. El propio Ministerio de Finanzas, antes de poder revisar con detalle la información, solicitó cuantificar la obligación durante el proceso de discusión de la cancelación del pago por el 40% de aportes a pensiones jubilares, estableciendo un equipo de trabajo que evidenció que las falencias expuestas tornaban inejecutable cualquier cuantificación.

De otra parte, se ha señalado, además, que una de las causas del supuesto déficit en el IESS es la inclusión de los menores de 18 años dentro de la cobertura de los servicios de salud, sin que este segmento de la población genere contribuciones; sin embargo, es importante aclarar que las atenciones a menores de 18 años en unidades administradas por el IESS representan entre el 6% y 7% del fondo de salud, evidenciando que se magnifica un efecto que, por el contrario, contribuye a incrementar la cobertura de servicios de salud digna.

Nota de la Redacción:
1. Las quejas por la demora en la asignación de citas o falta de especialistas no son exclusivas de los afiliados que se atienden en ese hospital.

2. La Ley de Seguridad Social establece que el Fondo para el pago de Pensiones se compone de la aportación obligatoria de los afiliados, personal y patronal; y, los recursos provenientes de la contribución financiera obligatoria del Estado, que es del 40%. No depende de los rendimientos financieros de la institución.

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3. Sobre la deuda estatal, este Diario hace referencia a lo establecido en la Ley de Seguridad Social, que determina desde el 2001 la obligación del Estado de financiar la salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas, que, según el informe del delegado de los patronos ante el directorio, asciende a $ 1.749 millones.

4. El reportaje no resalta que el conjunto de decisiones tomadas en el sistema de salud del IESS “incidirá en los rendimientos y la liquidez necesaria para mantener las prestaciones de la entidad”, citando a un exdirector de la institución. Este Diario cita una conclusión del informe de labores del 2014 del actual miembro del directorio, representante de los patronos, Felipe Pezo, sobre el impacto de la falta de pago de los valores para la salud de jubilados y enfermedades catastróficas por parte del Estado.

5. El reportaje refiere que la incorporación de los hijos menores de 18 años en la atención de salud no cuenta con el financiamiento específico, pese a que la Constitución y la Ley así lo establecen, así como el impacto citado en documentos del directorio del IESS.