El efecto de las salvaguardias ya se siente en el consumo

Norma Chacaguasay, María Guapi, Humberto Cujilema, Carmen Amaya y Nancy Cepeda, comerciantes de los mercados de Guayaquil, no saben lo que significa una salvaguardia, una medida de restricción al comercio exterior adoptada por el Gobierno desde el pasado 11 de marzo a 2.800 subpartidas de productos. Pero la identifican con un impuesto o un alza de precios porque, en la práctica, es el efecto que tuvieron esta semana cuando fueron a abastecerse de frutas y verduras con los mayoristas.

Desde sus diferentes puestos en los mercados Norte, Central, Caraguay, Sauces IV y Sauces IX coinciden: la manzana chilena pasó de $ 28 a $ 36 la caja (de entre 100 y 150 unidades), lo que encareció su precio de 3 o 4 por $ 1 a $ 0,50 cada una, en el caso de la roja grande. La variedad pequeña subió a $ 0,30 cuando se vendían a 4 o 5 por $ 1.

Nueve de cada diez manzanas que se consumen en Ecuador provienen de Chile, según datos de los importadores, y para los comerciantes no traerla implica dejar de vender, dado que la ecuatoriana, producida en Ambato, no alcanza para satisfacer la demanda, su sabor no es el mismo y su precio casi iguala al importado: 4 por $ 1.

La pera también subió: de 5 por $ 1 a $ 1,50; la uva negra pasó de $ 1 la libra a $ 1,50, y la roja, de $ 1,50 a $ 2. En Portoviejo, el quintal de cebolla paiteña, que viene de Perú, se vende en $ 63 a los minoristas; hace una semana pagaban $ 36.

La salvaguardia implica un arancel que Ecuador establece para los productos que ingresen de otras partes: 5 % para los bienes de capital y materias primas no esenciales, 15 % para bienes de sensibilidad media; 25 % para neumáticos, cerámica, CKD (partes) de televisores y CKD de motos, y 45 % para bienes de consumo final (incluye alimentos y bebidas), televisores y motos, según la resolución del Comité de Comercio Exterior.

Para el Gobierno, la medida no tiene que ver con problemas fiscales, sino de comercio exterior: busca equilibrar la balanza de pagos y –ha dicho– hacer frente a la caída del precio del petróleo. El barril ecuatoriano (Oriente y Napo) fluctuó este mes entre $ 35 y $ 46, según datos del Sistema Nacional de Información, mientras el WTI, de referencia internacional, cerró el viernes en $ 48,87, la caída más fuerte de la semana. El Gobierno ecuatoriano fijó en $ 79,7 el precio del barril en la proforma 2015, una diferencia que en cifras oficiales equivale a $ 2.400 millones menos en ingresos para el país. Eso sumado a un déficit de $ 5.369 millones en el presupuesto.

Con la salvaguardia espera evitar la salida de unos $ 2.200 millones y así corregir la balanza. Pero para analistas como Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), es una medida parche que no corrige debilidades de fondo: “La falta de diversificación de exportaciones, falta de inversión extranjera directa, elevado gasto público (pasó del 33 % del PIB en el 2009 al 43 % en el 2014, según el OPF) y, en general, un modelo que no se sustenta en la actividad privada, sino en la pública (el 53% de la inversión es pública y el 47 % privada)”.

La salvaguardia de balanza de pagos es una medida temporal (15 meses) que no ataca la causa del desbalance, “que es la excesiva dependencia al petróleo”, señala el artículo ‘A reducir salida de divisas’, de Análisis Semanal, del pasado 11 de marzo.

El impacto se sintió a fines de diciembre del 2014, cuando hubo un déficit comercial de $ 727 millones o 0,7 % del PIB, según datos del Banco Central y de Análisis Semanal; hasta septiembre se había registrado un superávit de $ 622 millones, luego de cinco años de una balanza deficitaria. Fue originada por la caída del precio de crudo.

Para Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, la manera como el Gobierno escogió pasar la factura por esa caída puede implicar escasez de productos y alza de precios, dado que el recorte no vino, como el mismo presidente Rafael Correa había anunciado, en las inversiones.

“La manera más obvia de solucionar la situación era una parte con endeudamiento externo, pasando parte a futuro el problema (solo colocó $ 750 millones en bonos al 10,5%) y otra parte con una reducción del gasto público”. De esta forma, argumenta Spurrier, quienes dependen directa o indirectamente del Estado iban a ver reducidos sus ingresos, eso incidiría en el consumo y en las importaciones, sin poner salvaguardias.

Dieciocho días después de aplicadas, en otros sectores hay expectativa aún y se prevén ajustes cuando se termine la mercadería en stock. Es el caso de las bicicletas, útiles escolares, electrodomésticos, tecnología y materiales de construcción.

Cristina Saa, propietaria de Time Bike, en Quito, dice que quienes le abastecen de productos le confirmaron que entre junio y julio la nueva remesa de piezas llegará con un alza del 4 % o el 5 %, lo que abonará a la baja que ya evidencia su negocio.

Preocupación similar tiene Esteban Castillo, de la empresa Castillo Hermanos, que importa herramientas e insumos para la construcción en la capital. El 80 % de lo que vende es importado. Y aunque ha intentado abastecerse de lo local, hay productos que no se fabrican, como los candados o ciertos pernos.

“Si necesitamos pernos grado 8 o de acero para la construcción, no tenemos de fabricación nacional y ni siquiera hay, de lo que conozco, el interés de poner una fábrica, porque las economías de escala no permiten aquello”, opina Castillo.

El Gobierno ha asegurado, en cadenas que hablan de los beneficios de la medida, que es una oportunidad para la industria local. Pero Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, señala que hay productos que no se cultivan y procesan localmente, como nueces (la libra pasó de $ 7 a $ 8), pasas, especias, aceitunas, entonces salen del mercado o le cuestan al consumidor, pero no fomentan la industria porque no existe industria nacional de ese producto. A eso se suma, coincide Spurrier, que nadie está dispuesto a invertir si en 15 meses ya no tendrá una ventaja.

Un sector que con la aplicación de salvaguardias en el 2009 sacó ventaja fue el del calzado. Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara de Calzado del Ecuador, dice que los productores crecieron de 600 a 5.000 en el país (el 50 % está en Tungurahua), con una producción que supera los 34 millones de pares al año, cuando en el 2008 era de 15 millones.

No pasó lo mismo en el sector textil. Según el director ejecutivo de la Asociación de Confeccionistas Textiles, Mario Manjarrés, esperaban mejores resultados pero aún hace falta tecnología e incentivos para producir telas, por ejemplo, que vienen de Perú o Colombia.

María José Troya, directora de Tribuna Ecuatoriana de Consumidores, considera que la medida tiene una afectación directa en el consumidor y que se ha pasado por alto la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que establecen que cuando se tomen medidas que afecten al consumidor este tiene que ser consultado. Y eso no se ha dado. “Se le está diciendo a las personas qué consumir, cómo consumir, cuándo consumir, lo que atenta a la libertad de elegir”. (I)

Peso del petróleo
Su incidencia

Exportaciones
Aunque el gobierno ha dicho que se va dejando la dependencia del petróleo, este representa hoy el 55% de sus exportaciones y financia el 15% del Presupuesto General del Estado, según la Proforma 2015.

Importaciones
Si se considera que el dinero de las exportaciones petroleras paga la importación de derivados ($ 5.785 millones este año), el petróleo representa un 32% en el financiamiento.

Visiones ... En base a las salvaguardias el impacto debe ser mínimo. Básicamente sobre ciertos bienes importados de consumo suntuario, que no consumen los pobres”.Rafael Correa Presidente