El machismo en Ecuador sigue sosteniendo a la violencia de género

Los especialistas creen que, por parte del Estado, hace falta trabajar en prevención para cambiar los patrones culturales masculinos y en reforzar la autoestima de las mujeres.

Aunque la cicatriz bajo el ojo derecho es pequeña, la herida caló profundo y es como si estuviese aún abierta, al igual que las de los otros golpes, esos que la hicieron pensar en separarse, pero que la atemorizaron lo suficiente como para no atreverse. Además, dice, no quería ‘dañar’ su hogar.

Quien solo para este relato será Martha, a sus 46 años admite que las creencias que tenía sobre su condición de mujer la forzaron a ser la protagonista de una historia de violencia, que al igual que ella han vivido al menos 6 de cada 10 mujeres en Ecuador, según la I Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres elaborada por el INEC, en el 2011.

Ese informe también refleja que con el 53,9% la forma más recurrente de violencia hacia la mujer es la psicológica, que tras ser tipificada en el Código Orgánico Integral Penal el 30 de enero registró por primera vez una sentencia que condenó a 30 días de prisión y al pago de $ 150 para el tratamiento de su pareja a Geovanny P.

Este es el contexto de una problemática social que, según Beatriz Bordes, presidenta de la Fundación María Guare, en el país empezó a ser denunciada por el movimiento de mujeres en los setenta y de la que a fines de los noventa, en el marco de los avances del derecho internacional de las mujeres y de los derechos humanos, el Estado asumió la rectoría presionado por las ONG.

Lo hizo instaurando, en 1994, –vía acuerdo ministerial– las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (actuales Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia manejadas por el Consejo de la Judicatura), que en el país se constituyeron en los primeros espacios legales que atendieron los problemas de violencia intrafamiliar y que, a su vez, por primera vez le permitieron a la mujer denunciar a su conviviente por agresión, algo no permitido en el Código de Procedimiento Penal de 1983.

Con las comisarías se visibilizó el problema y se dio paso a que, en 1995, se promulgara la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103).

En el 2007, año del que ni la Fiscalía ni la Judicatura proporcionaron cifras de denuncias a este Diario, el Decreto Ejecutivo 620 declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género, para lo cual se elaboró el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, que desde el 2014 preside el ministerio de Justicia e involucra a los del Interior, Salud Pública, Inclusión Económica y Social, Educación y a los Consejos para la Igualdad de Género e Intergeneracional.

Han transcurrido 8 años y para Beatriz Bordes la situación sigue siendo ‘grave’ porque no se han podido transformar los patrones socioculturales, un conjunto de creencias y prácticas que han perpetuado actitudes o conductas que entrañan violencia o coacción basada en género. Este es el problema de fondo, coinciden especialistas consultados.

En el país predomina una cultura patriarcal, machista y androcéntrica en la que prepondera la opinión y el criterio del hombre, explica Annabelle Arévalo, coordinadora del área de Prevención y Atención del Centro Ecuatoriano de Promoción y Apoyo a la Mujer (Cepam). “El que hayamos avanzado en algunas áreas en las que la mujer se desarrolla, no significa que la violencia ha desaparecido porque tiene que ver con cambio de concepciones, de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer y en ese cambio tiene que haber una rehabilitación en los hombres y una reeducación en la población”, reflexiona Álvarez.

El Cepam y María Guare integran la red de veinte centros de atención y cinco casas de acogida que en el país brindan protección a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, dice que este año preven sumar más organizaciones a la red, que se financió con parte de los $ 5 millones destinados en el 2014 por esta cartera de Estado al Plan para erradicar la violencia de género, que, afirma, es lo que ha hecho visible el problema.

Nidya Pesántez, oficial nacional del Programa ONU Mujeres Ecuador, ve entre las debilidades del documento, que atiende únicamente la violencia contra las mujeres en el ámbito privado. “Es necesario que el plan tome en cuenta las situaciones de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, la pertenencia étnica, etaria, orientación sexual...”, opina.

La encuesta del INEC, por ejemplo, refleja que la violencia de género se presenta más entre mujeres indígenas (67,8%) y “Laura”, de 20 años, forma parte de esa realidad. Lleva 4 años siendo agredida por el padre de su hijo de 2. Su hermana, “María”, cuenta que para no dejarle marcas, su cuñado la patea en el abdomen, las piernas, o le hala el cabello. Dice que para él la violencia es “normal”.

A este grupo poblacional no se han dirigido campañas. Tampoco a los hombres, algo que los especialistas consideran indispensable. Las que se han promocionado a nivel país se han enfocado en sensibilizar a la mujer y a “la sociedad en conjunto” para que reconozcan “que la violencia dentro de los hogares puede llegar a la muerte de una persona”, dice Zúñiga y destaca como uno de los “frutos positivos” del trabajo realizado que se ha perdido el miedo a denunciar.

Yina Quintana, presidenta del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sostiene que a lo largo de la historia la mujer ha ido empoderándose y tomando mayor conciencia de la problemática, aumentando así las denuncias. Pero Verónica Barzola, psicóloga clínica de la Sala de Primera Acogida del hospital Abel Gilbert Pontón, advierte que no todas las mujeres que denuncian lo hacen para cambiar su situación. “Muchas ponen una denuncia para asustar a su agresor. Para decir, bueno, aquí tengo la boleta de auxilio, no me vas a molestar más, pero (...) no me voy a separar de ti...”.

Cree que la necesidad de afecto y la baja autoestima genera en la mujer una dependencia afectiva que la lleva, incluso, a culparse de las agresiones que recibe. Y esto se da por los roles sociales que le han sido impuestos: madre, proveedora afectiva, jefa de hogar.

Para reforzar su autovaloración, Quintana dice que desde el Consejo hay que buscar empoderarlas del ejercicio de sus derechos y, por otro lado, crear nuevas masculinidades, que el hombre asuma su corresponsabilidad en el cuidado del hogar. “Se nota ese desfase: más mujeres empoderadas y los hombres mayormente en su práctica violentadora”, dice.

Hay excepciones. “Martha”, por ejemplo, aún llora por las heridas que la marcaron, pero dice que su esposo cambió, que dejó de pegarle cuando decidió empezar a defenderse. (I)

Denuncias

Fiscalía General
Registró 2.150 denuncias de violencia intrafamiliar en el 2012, 2.227 en el 2013 y 1.354 en el 2014, antes de la vigencia del COIP. Del 10 de agosto al 31 de diciembre receptaron 3.748 más.

Judicatura
El Consejo de la Judicatura dijo que de las 30.299 causas de violencia intrafamiliar ingresadas en el 2013, se resolvieron 10.505. En el 2014, en cambio, de las 60.668 solucionaron 67.724 (incluidas las de años anteriores).