Delegados de las catorce organizaciones que piden sancionar a Xavier Bonilla (Bonil) y a Diario EL UNIVERSO por haber publicado, el pasado 5 de agosto, una caricatura supuestamente discriminatoria contra el asambleísta Agustín Delgado (AP) acuden hoy a la audiencia citada por la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

La demanda se interpuso el 5 de octubre del 2014 por la presunta violación a los artículos 61 y 62 de la Ley de Comunicación, que se refieren a la difusión de “mensajes discriminatorios que denotan apología de la discriminación o incitación de la población a la realización de actos discriminatorios”.

Los grupos que demandaron a Bonil se identifican con el rescate, promoción y difusión de la cultura afroecuatoriana; la mayoría están asentados en el norte de la capital, realizan sus actividades en la zona de Calderón y Carapungo, donde se asienta la mayor parte de la población afro, y han ejecutado programas con la desaparecida Secretaría de los Pueblos.

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La Fundación Afroecuatoriana Azúcar es parte de ese colectivo. Su directora, Sonia Viveros, dijo que estará presente en la audiencia junto con integrantes de su organización.

“Es importante tratar esto por la condición de discriminación, parecería una cosa menor, pero para nosotros no y socialmente no se logra entender el daño que se genera”, agregó.

Aseguró que el objetivo de su queja no es buscar sanciones, “es sentar precedente para que esto no vuelva a pasar”.

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Juan Ocles, vocero del Centro de Desarrollo y Equidad Racial, que también firmó la denuncia, explicó que esta surgió por la forma en que la caricatura impactó en la sociedad. “Creo que fue de forma negativa, tiene una carga ideológica discriminadora y hace una discriminación socioeconómica”.

Sobre la sanción que resuelva la Supercom, dijo que si es una disculpa pública estará bien, pero cree que sobre todo tiene que haber una reparación social. “Me gustaría que el caricaturista actúe con los jóvenes con mensajes por la diversidad que nos permitan cambiar los patrones de discriminación”.

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El abogado de Bonil, Lenin Hurtado, dijo que en principio la caricatura fue catalogada como “discriminatoria en función racial”, pero luego se cambió a “discriminación socioeconómica”. Esto, a su juicio, es una violación al debido proceso. (I)