YASunidos acusa a Ecuador ante la CIDH por Yasuní

AP
Martes, 28 de Octubre, 2014 - 13h18
28 Oct 2014
Washington -

Activistas opuestos a la explotación petrolera en el parque nacional Yasuní denunciaron este martes al Estado ecuatoriano por supuesta violación de los derechos políticos de unas 800.000 personas que pidieron un referendo.

Pablo Piedra, abogado de la organización YASunidos, dijo a reporteros que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declare la violación de los derechos de los solicitantes y que disponga la reparación de los derechos violados.

Piedra agregó que también solicitaron a la CIDH exhortar al Estado ecuatoriano a adecuar sus reglamentos para validar las firmas en solicitudes de consultas nacionales. "Refutamos muchas de las invalidaciones que nos hicieron a las firmas", indicó.

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The Associated Press solicitó un comentario a la embajada ecuatoriana pero no pudo obtenerlo de inmediato.

Agrupaciones ecologistas recolectaron 857.000 firmas para pedir constitucionalmente un referendo alegando que la población no respalda la explotación de crudo porque considera que causará irreversibles daños ambientales en esa prístina zona ubicada en medio de la selva.

Irregularidades en rúbricas

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral detectó miles de irregularidades en las rúbricas y determinó que eran válidas solamente 359.000 firmas. Para pedir referendo, se requieren 584.000.

El gobierno ecuatoriano suscribió en mayo un decreto concediendo la licencia ambiental para los campos Tiputini y Tambococha, este último en el parque nacional Yasuní, declarado parque nacional en 1979 y reserva mundial por la Unesco en 1989.

La producción podría comenzar en 2016, un año antes de que termine el mandato del presidente Rafael Correa.

YASunidos acusa a Ecuador ante la CIDH por Yasuní
Economía
2014-10-29T08:25:22-05:00
El grupo de activistas indicó que pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declare la violación de los derechos de los solicitantes del referendo, y que disponga la reparación de los derechos violados.
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