Tres toldas blancas, similares a las que hay en los malecones de la ciudad, resaltan hoy en la plazoleta central de la Universidad de Guayaquil, un espacio comprendido entre las facultades de Jurisprudencia y de Economía que ha sido transformado en una zona de integración para estudiantes. Allí, el piso fue adoquinado, se colocaron 10 kioscos de colores que aún no abren, 30 mesas con bancas, 15 luminarias y un ágora para eventos.

Si bien la plaza es la nueva obra física más visible al entrar a la universidad con más estudiantes del país, casi 70.000, para los más críticos, es la única tangible de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional en su primer año de gestión, que se cumplirá el próximo 23 de octubre y que por decisión del CES (Consejo de Educación Superior) se prolongará hasta el 2015.

La obra ha sido cuestionada por profesores como Marco Varas, de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que en septiembre envió una carta al nuevo rector, Roberto Cassís, en la que solicita datos sobre el costo y cuándo se habilitará toda la obra. Y por los delegados estudiantiles ante el Consejo Universitario, los cuales aseguran que la oferta fue un campo tecnológico con internet libre, centros de copiado, tecnología de punta y patio de comidas. “Lo que vemos es un parque”, coinciden Geovanny Mayorga, de la Facultad de Jurisprudencia; Jéssica Plaza, de Economía; Manuel García, de Filosofía; Alan Santos, de Administración y vicepresidente de FEUE filial Guayas; y Elvis Arteaga, de Matemáticas.

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La plazoleta fue contratada por $ 850.000, se formó una comisión técnica para la revisión de la propuesta, se dio un anticipo (no se ha dicho de cuánto) y se nombró fiscalizador y administrador del contrato, explica Jorge Kalil, presidente de la Comisión Interventora. Ahora se trabaja en el cierre de la recepción definitiva. “Esperemos, más que todo, que ya se puedan licitar los locales (...). Falta darle vida a través de los diferentes negocios de todo tipo...”, dice.

La objeción de los delegados y profesores se da también porque un año después de la intervención, sus 18 facultades siguen con problemas en común: aulas con pisos y techos deteriorados, sin acondicionadores de aire o sin funcionar, paredes con filtraciones, baños inservibles y laboratorios de estudios con tecnología obsoleta: en Medicina hay microscopios de hace 43 años; en Matemáticas, computadoras que ya no se fabrican; y en Comunicación, laboratorios con equipos vetustos.

El CES, tras 15 meses de investigación, resolvió intervenir la universidad en el 2013 al encontrar denuncias de registros de títulos falsos, de cobros indebidos que violaban el principio de gratuidad, depósitos en cuentas particulares y tercerización de la oferta académica. Los procesos iniciados en la Fiscalía siguen en investigación y ese es otro de los reparos casa adentro: que no haya responsables aún.

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Kalil reconoce que los trabajos de infraestructura son su tema pendiente porque se empezó por definir reglamentos internos (de matriculación y elecciones), mejorar la plantilla docente y elaborar los estatutos de la universidad, cuya propuesta ya fue presentada y debe ser discutida en el Consejo Universitario. Esos determinarán una nueva estructura: se fusionarán en 10 las 18 facultades y se ordenarán carreras que, como en el caso de marketing, se repetían en hasta cuatro facultades. Habrá facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias de la Vida y de Ciencias e Ingeniería de la Producción y Construcción, para aglutinar, por ejemplo, Medicina y Odontología. También se proponen 13 nuevas carreras, como ingeniería en materiales, mecatrónica, acuicultura, biotecnología.

En el informe del primer año, la Comisión cuenta entre sus logros haber aumentado de 108 a más de 1.000 los profesores a tiempo completo, de 37% a 76% los maestros con título de cuarto nivel; de 6% a 35% los con PhD y destinar $ 1,7 millones en becas de formación de cuarto nivel para los profesores, dentro y fuera del país, asegura el rector Roberto Cassís, quien pidió la revisión de un proceso en marcha. “Había ítems normalizados de 475 splits de 70 mil BTU, si pongo dos en la Facultad de Leyes explosiona porque no tiene la capacidad. Lo primero que hay que hacer es eso, porque el rector no quiere almacenar 475 splits en una bodega”, dice.

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Los estudiantes y maestros reconocen que sí hay mejoras en la parte académica y el impulso a la investigación (se están ejecutando 14 programas y 31 proyectos). Pero consideran que hay procesos que se han centralizado y hay más problemas sin resolver: el pago a unos 1.000 jubilados y trabajadores, que a diario copan los bajos del edificio de Administración para reclamar su jubilación patronal, pensión complementaria u horas extras; los atrasos en los aportes al Seguro Social, que impiden a los maestros realizar préstamos quirografarios e hipotecarios, y la equiparación de salarios con el nuevo personal que ha ingresado, unos 220, según Marlon Zambrano Montesinos, presidente de la Asociación de Empleados Administrativos.

César Muñoz, vicerrector general y presidente de la Comisión Económica, refiere que antes las facultades tenían independencia en el manejo presupuestario y los decanos claves para pagar. Ahora, indica Kléber Loor, decano de la Facso, se les permite manejar hasta $ 15.000 al año en ejecuciones de máximo $ 6.000. Por eso Muñoz cree que no se ejecutará todo el presupuesto de este año, $ 217 millones. En el 2013 quedaron $ 30 millones sin usar y ahora el desembolso está sujeto a proyectos presentados a la Senplades.

Kalil dice que han entrado empleados tras la salida de personal, que estos se rigen a las nuevas escalas establecidas por ley y que se planteará un ajuste, dado que había empleados con hasta tres sueldos y otros que cobraban valores irrisorios. Anuncia un plan de contingencia para acceder a servicios del IESS y el pago a los jubilados tras un fallo de la Corte Constitucional.

Había que comenzar a ordenar la casa, había unos estatutos que no correspondían a la LOES ni a su reglamento, el reglamento de elecciones no existía”.Jorge Kalil Presidente Comisión