El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el procurador general del Estado, Diego García, consideraron este viernes que los tribunales internacionales como el Ciadi deben "reformarse" para evitar afectar la institucionalidad de los países.

En la Capilla del Hombre en Quito, García presentó la publicación 'Caso Oxy: Defensa jurídica de una decisión soberana y en derecho del Estado ecuatoriano', que recoge en detalle el proceso entre la petrolera Oxy y el Estado ecuatoriano que inició en mayo de 2006.

El procurador recordó que, para enfrentar la demanda que obliga al país a pagar a la transnacional un valor de $ 1.770 millones al sentirse afectada por finiquitar un contrato de explotación de crudo, como "nunca antes se requirió 16 memoriales, 35 declaraciones de expertos y testigos" y la actuación en 22 audiencias.

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En este acto participó, además, el presidente Correa, quien calificó este laudo como uno "de los atracos" contundentes que se han registrado para beneficiar a una petrolera. "Los TBIS y los centros de arbitraje como el Ciadi son la expresión del orden moral injusto" reclamó.

Hizo énfasis en la necesidad de que instancias como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) acelere la creación de su propio centro de controversias, y anunció que ya existen resultados preliminares de la auditoría que hace una comisión de expertos internacionales a los TBIS, que muestran sobre todo "la vinculación de los árbitros con las transnacionales y petroleras".

Al acto asistieron autoridades como el fiscal general, Galo Chiriboga; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez; la superintendenta de Compañías, Suad Manssur, ministros, funcionarios y allegados al Gobierno.