Cuatro penalistas del Colegio de Abogados de Pichincha asumirán la defensa gratuita de 28 de los 53 estudiantes del Colegio Mejía que permanecen detenidos en el Centro de Detención Provisional (CDP).

Ellos, según la Policía, participaron en las manifestaciones del 17 y 18 de septiembre.

Gonzalo Realpe, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, anunció que se preparan dos recursos: una acción constitucional de hábeas corpus y una apelación a la prisión preventiva a fin de evitar la condena de los estudiantes.

Publicidad

La audiencia de juzgamiento de los detenidos está prevista para el próximo lunes.

Los padres de familia solicitaron la intervención de la Cruz Roja pues algunos denunciaron que sus hijos recibieron agresiones físicas.

El clamor de las madres de familia hacia las autoridades del Gobierno continuó ayer e incluso un grupo volvió a pedir públicamente perdón al presidente Rafael Correa. Incluso solicitaron indultos.

Publicidad

Pero Correa rechazó el pedido. En su cuenta de Twitter escribió: “Si quieren pedir perdón, pídanselo a la ciudadanía, y especialmente a la familia de las decenas de policías heridos, dos de ellos de gravedad”.

“(...) Como siempre, el “malo” soy yo. Todos los 53 detenidos son mayores de edad, 30% no son estudiantes sino infiltrados, y están siendo juzgados en unidades de flagrancia, gracias a la nueva justicia. El presidente no tiene nada que ver”.

Publicidad

Estos fueron algunos de los 23 mensajes que tuiteó la mañana de ayer. Tuvo, además, 18 interacciones con seguidores.

El presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios (FESE), Mauricio Chiluisa, anunció nuevas manifestaciones e insistió en que los estudiantes detenidos fueron maltratados, golpeados por los policías y están incomunicados.

“Como estudiantes secundarios del Ecuador rechazamos las políticas emprendidas por el Gobierno con medidas represivas contra el movimiento estudiantil, no van a callar nuestra voz”, advirtió Chiluisa.

En tanto, Francisco Rojas, presidente de la Asociación de Profesores del Colegio Mejía, negó que en su oficina se hayan almacenado materiales explosivos y más bien denunció que estos habrían sido colocados por funcionarios del régimen.

Publicidad

En el último enlace sabatino, el ministro del Interior, José Serrano, afirmó que en la sala de profesores se encontraron panfletos contra el Gobierno y material de bombas molotov.

Rojas insistió en que trabaja 28 años como profesor de Matemáticas en el centro educativo y pidió al Gobierno el derecho a la réplica porque a su criterio se “ha mancillado el honor de Francisco Rojas y se ha deshonrado el buen trato que da a sus alumnos, y todo este meollo es por haber salido el miércoles 17 a una movilización convocada por el FUT”, subrayó.

2
Policías fueron sancionados por acciones en protestas.