“No le voy a contestar ninguna pregunta, esa es mi respuesta”, afirmó el exvocal del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT), Fernando Yávar Umpiérrez, cuando la mañana de ayer se le consultó su opinión sobre las contrataciones del CJT durante la emergencia judicial.

Desde hace varios meses EL UNIVERSO le ha pedido una entrevista. Hace quince días, Yávar pidió que se le envíe un cuestionario por correo, pero tampoco contestó, por ejemplo, las funciones que ejecutó en su cargo y cuál fue su participación en las contrataciones judiciales. En el CJT, Yávar se concentró en la depuración de jueces, aunque también visitó obras como la del complejo judicial del norte de Guayaquil, contratada por $ 55,5 millones con Alessmart S. A., una empresa que tenía $ 800 de capital.

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Fernando Yávar dictó ayer la conferencia ‘Código Penal para Empresarios’, una charla organizada por la Cámara de Comercio de Guayaquil y en la que disertó, entre otros capítulos, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señaló ayer que de los primeros exámenes de la Contraloría “no existen novedades más que recomendaciones administrativas” sobre contratos judiciales.

Al entregar una obra en Otavalo, agregó: “Puede haber parientes beneficiados de estos contratos y eso Contraloría tendría que examinar, y de ser cierto podría haber algún tipo de responsabilidad, pero de ser cierto habría primero que probar si, en efecto, ha existido esa vinculación y que sea una vinculación prohibida por la ley”.

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Una publicación de EL UNIVERSO reveló que el 78 % de los fondos de la emergencia se destinó a edificios, que $ 208 millones, de los $ 448 millones, se adjudicaron a 16 contratistas, que el 94 % de contratos se dio sin concurso y que cinco parientes del extitular del CJT Paulo Rodríguez constaban en la nómina de la compañía que, a un costo de $ 20,4 millones, remodeló el Palacio de Justicia de Guayaquil.