Pasó inadvertido. Sin desfiles ni actos conmemorativos. Pero fue un día de independencia para los trabajadores ecuatorianos que cada año pagan impuestos por los artículos que compran y están gravados, por los servicios públicos que reciben, por los inmuebles y vehículos que tienen o por sus ingresos.

El 19 de marzo fue el denominado ‘día de la libertad de impuestos’, una fecha simbólica que varía año a año y contabiliza la cantidad suficiente de días trabajados por una sociedad solo para cubrir los tributos.

En el Ecuador, en el 2013 fueron 78 días durante los cuales los ingresos acumulados fueron a arcas estatales a través de la autoridad recaudadora, el Servicio de Rentas Internas (SRI), o los municipios, el IESS, la aduana, según donde se generen.

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El cálculo es de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) con base en la metodología de la organización Tax Foundation de Estados Unidos, que determina anualmente ese día. En el 2010, en el país se requería trabajar 73 días para el Estado para liberarse de tributos y la fecha se cumplió antes: el 14 de marzo.

En países como Argentina, la fecha fue el 5 de agosto (217 días); en España, el 3 de julio (184 días); en EE.UU., el 18 de abril; en Australia, el 7 de abril.

Excesivo para unos, considerando la recaudación frente al tamaño de la economía (Producto Interno Bruto) y la calidad de servicios, justa o tolerable aún para otros, esa diferencia de fecha es solo una muestra del aumento de la carga tributaria en el Ecuador. Esta creció cuatro puntos en los últimos catorce años y, de estos, tres en los últimos siete del gobierno de Rafael Correa, donde solo la recaudación del año 2013 fue 148% mayor que la del 2007.

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Según cifras del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) y de la CIP, la carga tributaria tradicional, que considera solo la recaudación del SRI en relación con el PIB, se mantuvo entre el 9 y 10% entre el 2000 y el 2006. En el 2013 alcanzó el 13,3%, de acuerdo con la CIP, y 14,4% según cálculos del OPF. La medición varía si se incluyen otros impuestos, como los arancelarios, las contribuciones a la seguridad social y los municipales.

Por ejemplo, si se añaden los aranceles e impuestos de entidades seccionales, el peso tributario aumenta al 15,3% y si se suman el aporte a la seguridad social y las utilidades a los trabajadores, al ser ambos obligatorios, estima la CIP, la presión fiscal real del Ecuador es del 21%. Es decir que de cada $ 100 que se producen en el país, $ 21 se destinan a impuestos.

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Roberto Silva Legarda, director de la maestría en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, destaca dos elementos en la política tributaria actual: haber tenido una serie de reformas tributarias, a nivel legal y reglamentario, y la aplicación de la ley que ha hecho el SRI. Eso evidencia, dice, aumento de la recaudación tanto de los impuestos que existían como de los creados o modificados.

Diez reformas

Desde el 2007 el Gobierno ha realizado unas diez reformas tributarias que implicaron el aumento y la disminución de ciertos impuestos, cambios a bases imponibles y la creación de seis nuevos: el impuesto a la salida de divisas (ISD), que pasó del 0,5% al 5%, a las tierras rurales, a la contaminación vehicular, a las botellas plásticas no retornables, a los activos fijos en el exterior, el anticipo al impuesto a la renta (IR), considerado un impuesto mínimo, y la tarifa de $ 42 a los envíos desde el exterior por el sistema 4x4, que ayer anunció que se aplazaría.

Ahora el Gobierno plantea un nuevo impuesto a la plusvalía (aún no ha sido aclarado) y a la comida chatarra, que sería, ha dicho Correa, para las cadenas de comida rápida y estaría dentro de los impuestos a consumos nocivos. Estos se cobran hoy dentro del impuesto a los consumos especiales (ICE), que en estos años se eliminó para la telefonía, pero se incluyó para la membresía de clubes, la TV por cable y se mantiene –con alzas– para cigarrillos y licores.

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El analista económico Walter Spurrier considera que el Gobierno busca recaudar más fondos debido al importante gasto corriente ($ 26.944 millones). Y eso se evidencia no solo en impuestos, sino en otras medidas, como el cambio en el porcentaje de utilidades para los trabajadores de las telefónicas (recibirán el 3% y el 12% irá al Estado).

Según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas de este Gobierno, las reformas han buscado ir cerrando las posibilidades de evasión tributaria y tratar de llevar a la economía hacia un esquema de impuestos mínimos, que son los anticipos.

De esta forma, los tributos han ganado espacio en los ingresos y en el financiamiento de los gastos del Estado. Hoy de cada 100 que gasta el país $ 27 se financian con ingresos del petróleo, $ 10 con deuda y $ 32 con impuestos (IVA, IR, ICE, ISD y arancelarios), según las estadísticas del sector público no financiero que publica el Banco Central en su web.

Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, cree que la política fiscal responde a una visión del Gobierno de participar más en la vida económica y social. Y eso implica un Estado más grande, que abarca más la obra pública, que controla más y que requiere más gente para hacerlo.

Estima que todo lo que se aporta al Estado en tributos representa más del 20% del PIB, unos $ 20 mil millones al año, que divididos para los 15 millones de ecuatorianos implicarían un aporte de $ 1.500 anuales por cada ciudadano.

La carga tributaria también preocupa al sector empresarial

Richard Martínez, presidente ejecutivo de la CIP, considera que dos de los impuestos que más afectaron al sector fueron el anticipo al IR y el de salida de divisas. El primero, que generó unos $ 200 millones según cálculos basados en datos de la Superintendencia de Compañías, grava a las operaciones de las compañías y no a la renta que generan, lo cual desnaturaliza el concepto y desincentiva su crecimiento, considera Martínez.

En el caso del ISD, cree que se debería establecer una exención para los insumos, materias primas y bienes de capital, porque al tener que pagar para solicitar luego la devolución, se resta liquidez a las empresas.

“Cuando empezábamos a recuperarnos del apretón tributario, llegan varios más. Lo más complicado es que como siempre los más afectados serán los emprendimientos más pequeños”, dice Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en alusión al anuncio de más tributos. Según un estudio de la CIP del 2011, la intermediación financiera (47,5%), la industria manufacturera (32,3%) y el comercio (31,2%) son las actividades con más peso fiscal.

Silva, en cambio, considera que la carga tributaria en el Ecuador para la gente que más gana no es tan alta. Y que, por ejemplo, aquellas personas que ganan hasta cerca de $ 20.000 al año y maximizan sus gastos personales pagan hoy menos impuesto a la renta que en el 2007, debido a los deducibles que se incorporaron.

Carlos Calero, experto tributario, cuestiona el anticipo del IR, pero coincide con Silva en que la ley contempla más exoneraciones que antes y que, si la gente la estudiara, probablemente pagaría menos.

Este Diario solicitó esta semana una entrevista con la directora del SRI, Alexandra Amoroso, y datos sobre la presión fiscal. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.