Organizaciones exigen fin a exclusión sanitaria de migrantes en España

El aborto de la inmigrante Milagros Villalobos tras denegarle la atención en un hospital público en España es el último caso que ilustra las consecuencias de la reforma sanitaria que promovió el gobierno conservador de Mariano Rajoy "para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud".

Hoy, al cumplirse dos años de la entrada en vigor del cambio de la normativa, las asociaciones que trabajan con el colectivo de extranjeros denuncian situaciones como la de esta mujer venezolana que comenzó a sangrar y no fue tratada en el centro sanitario "si no firmaba un compromiso de pago" pese a que el texto legal establece excepciones para las situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; asistencia al embarazo, parto y postparto; si son menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata.

Desde el 1 de septiembre de 2012, a los inmigrantes que carecían de un permiso de residencia se les retiró la tarjeta sanitaria. A partir de entonces, si quieren recibir atención médica tienen que pagarla.

Al quiteño José Francisco Pérez le detectaron hace un mes una enfermedad crónica renal. No sabe cómo va a hacer frente a los gastos porque cuando perdió el trabajo y dejó de recibir el subsidio por desempleo, se quedó sin documentación en regla. "Si no tengo dinero para llegar a fin de mes, cómo voy a pagar el tratamiento", se lamenta.

Esta situación de exclusión es la que empujó a entidades como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Red Acoge a exigir esta mañana el fin de la exclusión sanitaria de inmigrantes y que la sanidad pública sea universal desde la emblemática Puerta del Sol de Madrid. En estos dos años, las organizaciones calculan que la medida ha afectado a 873.000 personas. Y lamentan que el Ministerio de Sanidad no haya explicado las irregularidades en la aplicación del Real Decreto como puede ser la facturación de la atención médica de urgencias por el desconocimiento de los protocolos a seguir.

La normativa se aplica de forma errada con gravísimas consecuencias. "Hay un problema de desinformación. Las líneas de actuación no se han trasmitido de manera clara e inequívoca lo que provoca que doctores de una misma Comunidad Autónoma actúen de distinta forma", asegura Salvador López Luzati, portavoz de Amnistía Internacional.

En estos dos años, Médicos del Mundo ha atendido en Madrid medio millar de casos de vulneración de la ley. "El 40 por ciento de las denuncias es porque no se cumple lo que dice la normativa como cobrar las urgencias o negar la atención a menores o embarazadas; el resto es porque se deja de tratar a enfermos crónicos que estaban recibiendo tratamiento antes de perder la tarjeta sanitaria", sostiene Manuel Espinel, presidente de la entidad en la capital española. Y añade un dato más: las dos muertes "documentadas" que se atribuyen a la aprobación de la legislación, la de Alpha Pam, senegalés que falleció de tuberculosis el 21 de abril de 2013 y Jeanneth Beltrán nicaragüense que el 23 de mayo de 2014 murió en urgencias por no ser atendida de una infección renal. Por eso, advierte López, las acciones reivindicativas continuarán hasta conseguir el retorno a la cobertura sanitaria universal.