Si una persona carece de un trabajo, ha agotado todas las prestaciones y subsidios por desempleo y se ausenta de España más de 90 días en un año perderá el derecho a la atención sanitaria gratuita en el país europeo.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace unos días por el Congreso, y que aún deben recibir el último visto bueno en el Senado, incluyen cambios a la Ley de Seguridad Social que, desde el 1 de enero del 2014, excluirá del sistema de salud a un importante número de personas que en la actualidad se encuentran en el paro.

María Ángeles Arboleda, cuencana residente en Madrid, tiene previsto viajar en diciembre a Suiza para “probar suerte”. La despidieron de la fábrica de textiles en la que trabajaba hace tres años. Sin ningún ingreso a fin de mes no le queda otra alternativa. Si decide volver a España después de transcurridos más de tres meses y necesita que la atienda un médico en la sanidad pública deberá pagar por la consulta.

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Permanecer fuera de territorio español por más de 90 días supone perder la categoría de residente. Por tanto, un desempleado que no disponga de ninguna ayuda para subsistir no puede abandonar la Península por ese tiempo si quiere mantener su derecho a la atención gratuita.

Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal aseguran que la medida es una forma de “cerrar el círculo de la estrategia del Gobierno de exclusión sanitaria”. Ante la falta de oportunidades laborales, muchos ciudadanos se han visto abocados a viajar al extranjero en busca de formación y trabajo.

“Resulta contradictorio que ahora se limite, bajo la amenaza de perder la atención sanitaria, la posibilidad de estar fuera más de 90 días al año”, sostienen. La normativa no contempla por cuánto tiempo se veta este derecho ni los requisitos  para recuperarlo.

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En el 2012, un Decreto Ley modificó la cobertura sanitaria para limitar el acceso a los extranjeros sin documentación en regla solo en situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente; la asistencia al embarazo, parto y postparto; a menores de edad; solicitantes de asilo y refugio y víctimas de trata. La Administración retiró la tarjeta sanitaria a más de 800.000 personas.

Con el paso del tiempo se ha impuesto la barrera a otros colectivos: inmigrantes con permiso de residencia por reagrupación familiar y empleadas de hogar que pierden su trabajo.

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Estas modificaciones legislativas, desde el punto de vista de Yo Sí Sanidad Universal, “no deben entenderse como ‘recortes’, sino como lo que son, una vulneración de derechos fundamentales”.