Corría el año de 1976 y el movimiento campesino ecuatoriano presionaba por que el Estado asumiera su deuda frente al abandono del agro y la ruralidad. La lucha por la tierra, de las reformas agrarias de 1963 y 1974, dejaba de ser la única prioridad y la discusión avanzaba a la posibilidad de tener mejores formas de producción, que desarrollen la competencia y el comercio no solo local, sino también internacional.