Setenta y cinco miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y de la Unidad Canina de la Policía Nacional fueron convocados a juicio por el presunto delito de paralización de los servicios públicos del aeropuerto Mariscal Sucre, hecho ocurrido a la par de la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.

La decisión fue adoptada por el juez sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Vayas, el pasado 2 de julio.

Con ello finalizó la audiencia de juicio, que arrancó el 7 de junio anterior. El juez notificó su resolución a través de los casilleros judiciales.

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En su resolución, Vayas acogió el pedido de la Fiscalía y acusó a 75 personas. Para las otras 149, el proceso se archivó por el dictamen abstentivo.

El caso se inició en marzo del 2013 con 84 policías y militares investigados; no obstante, en un año de indagaciones fueron vinculadas 140 personas más.

Durante el juicio se investigará el citado delito, que consta en el artículo 158 del Código Penal, en el capítulo sobre sabotaje y terrorismo. Dicha norma contempla una pena de 8 a 12 años de reclusión mayor y una multa de $ 87 a $ 175 para quienes interrumpan servicios públicos.

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Según la providencia del juez, el 30 de septiembre del 2010 se dio una insurrección policial en Quito y otras ciudades del país, a propósito de una protesta por la expedición de la nueva Ley de Servicio Público.

Ese malestar habría llegado a los repartos militares de la Base Aérea y terminó con el cierre temporal del aeropuerto.

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La acción de los uniformados, alegó la Fiscalía, impidió el libre movimiento y tránsito de pasajeros y mercancías.

Tras revisar los argumentos de las partes, el juez concluyó que existen “graves y fundadas presunciones sobre la existencia del delito” y de la participación de los procesados.

También confirmó medidas cautelares de carácter personal contra los acusados, para quienes dispuso la prohibición de enajenar bienes.

Una vez ejecutoriado el fallo, el proceso será remitido a la sala de sorteos para que el caso pase a la fase de juzgamiento a cargo de un Tribunal Penal.

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Stalin López, abogado de cuatro encausados, dijo que espera que el caso pase al Tribunal Penal, para que fije fecha y hora de la audiencia de juicio.

Él no planteó recursos para impugnar la convocatoria a juicio. Allí “confirmaré la inocencia de mis clientes”, dijo.

149 militares y policías quedaron liberados de culpas en este proceso legal, una vez que la Fiscalía se abstuvo de acusarlos.