A un mes de que entre a regir el Código Orgánico Integral Penal, el Consejo de la Judicatura (CJ) dejó todo listo –en cinco áreas– para la aplicación de la normativa.

Este código fue aprobado por la Asamblea y publicado en el Registro Oficial el 10 de febrero pasado. En la norma se da a la Judicatura 180 días para cumplir con ciertos requisitos que permiten poner operativo el Código, y ese plazo vence el 10 de agosto próximo.

En menos de los seis meses que le otorga el Código Penal, el Consejo se centró en capacitar, designar jueces y fiscales e implementar la mediación para las causas de adolescentes infractores. También organizó poll de jueces para los tribunales penales y dotó de infraestructura y tecnología a juzgados para asegurar la implementación del juicio oral.

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Para el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, uno de los puntos centrales fue la capacitación a 6.000 operadores de justicia: jueces, fiscales, defensores públicos y Policía Judicial. Y la Escuela de Capacitación preparó en línea a los abogados privados y a la ciudadanía.

Esto quiere decir que “el tema está superado”, según el vocal del CJ Néstor Arbito. “Estamos listos desde el punto de vista de la infraestructura y tecnología para grabar las audiencias, considerando que el Código Penal dispone la elaboración del acta resumen”.

La capacitación continúa vía presencial o informática, dijo el fiscal de Tungurahua, Rubén Guevara, para quien no existen temas polémicos en la norma y su aplicación acelerará el trámite de los delitos flagrantes.

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En esa misma línea se pronunció el coordinador de jueces de la Unidad Penal de Ambato, Cristian Rodríguez, quien participó de cursos en el país y en el exterior para profundizar en el conocimiento de los nuevos delitos. Igual lo hizo Patricio Riofrío, juez del Tribunal Penal de esa misma jurisdicción.

Para el presidente de la Corte del Azuay, Mauricio Larriva, habrá que esperar la vigencia del Código para determinar si fue o no suficiente la capacitación. Larriva, al igual Byron Guillén, juez del Tribunal Penal Único de Portoviejo, descarta que exista artículos polémicos. “La nueva normativa es garantista en los derechos de las partes”, dijo Larriva.

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Aunque un juez de primer nivel de Quito, que pidió la reserva, dijo que la capacitación fue general y no profundizó sobre las nuevas teorías y concepciones de la ley.

También habría descontento en el gremio de abogados de Quito, cuyo presidente, José Alomía, sostiene que existen contradicciones con la Constitución, en el tema de la justicia indígena y el carácter multicultural y plurinacional del Estado, pues normas del Código desconocen ese carácter. Y que este regirá con alrededor de 200 y 250 tipos penales que antes no existían. “Es difícil avizorar lo que ocurrirá con la administración de justicia” cuando entren en rigor las normas, dijo.