En una sesión convocada para el 2 de julio próximo, la Corte Constitucional (CC) tiene previsto resolver sobre los alcances de la aplicación de la justicia indígena al evaluar el caso conocido como ‘La Cocha’.

Este se inició el 9 de mayo del 2010, cuando cinco jóvenes de esa comunidad, en Cotopaxi, fueron sancionados según las tradiciones indígenas por cometer un asesinato.

Sin embargo, también fueron sometidos a un proceso penal en la justicia ordinaria. Permanecieron un año detenidos.

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Esto, a juicio de la comunidad, fue un doble juzgamiento, lo cual está prohibido por la legislación vigente.

Organizaciones indígenas, el Consejo de la Judicatura (CJ) y otros sectores presentaron el pedido a la CC para que se delimite la aplicación de la justicia indígena en delitos graves como asesinato y violación.

Según el magistrado de la CC, Antonio Gagliardo, “hay un proyecto que el juez ponente, Marcelo Jaramillo, lo ha retirado para mejorarlo, luego de que la Corte lo envió a Bolivia... para ampliar su conocimiento”.

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Gagliardo opinó que el caso de La Cocha servirá como precedente para resolver el de la supuesta matanza de indígenas taromenane, ocurrida en marzo del 2013 y que también llegó en consulta a la CC en los últimos meses. Por ese hecho están procesados doce indígenas del pueblo huaorani.

Al momento, los jueces de la CC mantienen discusiones internas con “divergencias jurídicas” sobre el caso, agregó.

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Gagliardo lamentó que la Asamblea no haya aprobado la Ley de Coordinación entre la justicia ordinaria y la indígena. Y puso de ejemplo a Bolivia, país que tiene una Ley de “Deslinde Jurisdiccional”, en la cual se determina que los delitos contra la vida o contra el Estado deben ser tratados por la justicia ordinaria.

La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Mariana Yumbay afirmó que el caso ‘La Cocha’ requiere un análisis intercultural, es decir, que considere las costumbres y tradiciones de las comunidades.

La magistrada señaló que el Código Orgánico de la Función Judicial y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya contemplan este tipo de interpretaciones para el juzgamiento de delitos de comunidades indígenas.

4 AÑOS
Lleva el caso ‘La Cocha’ en manos de la Corte Constitucional. Juez ponente redacta un informe.

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