Con la salida de Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa –sentenciados por injurias– de la comunidad Sarayacu, se allanaría el camino para que el Estado ecuatoriano cumpla con el resto de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) y que se refiere al retiro de la pentolita y a las disculpas públicas, explicó el procurador Diego García.

No obstante, García no descartó acudir a la CorteIDH si persiste la falta de acuerdo sobre el cumplimiento de los puntos restantes del fallo, que ordenó el pago de $ 1,4 millones al pueblo Sarayacu como indemnización por los daños causados por la actividad petrolera.

“Si la actitud de la dirigencia continúa, pediremos a la CorteIDH una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia en la que estén presentes las dos partes”, dijo.

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Con ello, agregó, cada una dará sus argumentos y la Corte dará una guía sobre el cumplimiento de la sentencia.

La semana pasada, García y la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, viajaron a Costa Rica para reunirse con los magistrados del organismo regional de justicia para informar sobre la situación en Sarayacu.