Cerca de dos horas le tomó al pleno de la Asamblea debatir una resolución auspiciada por el bloque oficialista de Alianza PAIS (AP), que respalda la posición del Estado ecuatoriano sobre las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del legislador Cléver Jiménez, que fue aprobada con 89 votos a favor, 19 en contra y una abstención.

Jiménez, su asesor, Fernando Villavicencio, y el activista Carlos Figueroa fueron sentenciados a prisión por injuriar al presidente Rafael Correa.

El oficialismo aprobó una resolución en la que se apoya la tesis gubernamental en el sentido de que la comisión no posee la atribución de dictar dichas medidas. Además, exhorta al organismo para que sus pronunciamientos se circunscriban dentro de los límites de las competencias establecidas en la Convención de DD.HH.

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Como proponente, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga (AP), hizo un análisis de veinte casos de medidas cautelares de la CIDH en varios países publicadas en su web y aseguró que el dictamen en el caso de Jiménez es “atípico”, pues es la única resolución en la que el fundamento es el derecho a la libertad de expresión, entre otras cosas.

“Las expresiones de Jiménez, Villavicencio y Figueroa no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión”, dijo.

La primera intervención de la oposición la hizo la asambleísta Magaly Orellana (PK), vecina de quien ahora ocupa la curul de Jiménez, Milton Gualán.

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Orellana dijo que Jiménez actuó en su legítimo derecho de legislador y fiscalizador, y que, según el artículo 128 de la Constitución, los asambleístas cuentan con fuero de Corte y no son responsables, civil ni penalmente, de las opiniones emitidas, pero no se cumplió ni con esto ni con el pedido de autorización de la Corte Nacional de Justicia para procesarlo.

“Si el presidente Rafael Correa no quiere ser fiscalizado e indagado, pues debería disolver la Asamblea”, indicó Orellana.

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Ramiro Aguilar (antes de SUMA) agregó que el debate sobre si Jiménez se excedió o no se debió dar antes del inicio del juicio penal.

El oficialismo insistió en que Jiménez hizo afirmaciones falsas al acusar al mandatario de un crimen de lesa humanidad y que en Ecuador sí se cumplió con todos los procesos.

Al retomar la palabra, Aguiñaga incluyó un artículo más: exhortar a la CIDH a reencauzzar su actuación en favor de los DD.HH., alejándose de la influencia de intereses políticos.

La Comisión se está extralimitando en sus facultades convencionales. Rechazamos y cuestionamos su petición, ya que no se están respetando las decisiones de nuestro sistema judicial”.Mauro Andino, Alianza PAIS